Aunque una solicitud ya fue declarada inadmisible el mes pasado, diputados ingresaron ante la Corte Suprema un nuevo requerimiento de destitución de la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, a quien reprochan fundamentalmente negligencias investigativas en casos emblemáticos.
La primera petición había surgido de las familias, a propósito, por ejemplos, del caso de Tomás Bravo, en el que su madre, Estefanía Gutiérrez, pidió las firmas parlamentarias, o el de Sergio Mardoff, cuya familia igualmente participó de la recolección.
A mediados de mayo, el máximo tribunal -en decisión dividida- resolvió declarar inadmisible aquella solicitud, al estimó que los requirentes no entregaron medios de prueba de "las supuestas inconductas de la autoridad".
"Una revisión formal del libelo permite evidenciar que la parte requirente no acompañó, ni ofreció en su presentación, los medios de prueba de que se valdrá para demostrar los hechos en que se funda la causal de remoción invocada", expuso la resolución.
Sin embargo, el diputado Leonidas Romero (independiente en la bancada RN), uno de los impulsores de la intentona, había fustigado entonces "una defensa corporativa tremenda" y confirmado que iban a insistir.
Este jueves los legisladores concretaron el nuevo requerimiento, en el que incorporaron otros casos: "Solicitamos que (la Suprema) revise los casos y más denuncias, que escuchen a los abogados de cinco familias que están disponibles para viajar a Santiago a exponer los casos", afirmó Romero.
También emplazó al fiscal nacional, Ángel Valencia: "(Le hacemos) un llamado a que se digne a escucharnos, a recibirnos y darnos audiencia. Diferentes parlamentarios firmantes le hemos solicitado que nos escuche junto a las familias, pero no hemos tenido respuesta"".
El primer requerimiento fue firmado por 16 diputados, y el nuevo documento, por 17, pues se agregó la diputada independiente en cupo UDI Marlene Pérez.
