El hecho en cuestión se remonta al 28 de mayo pasado, cuando el ex Lista del Pueblo fue detenido por Carabineros durante una protesta.
La petición será revisada en una audiencia fijada para el próximo 30 de noviembre.
El edificio tiene 750 metros cuadrados, en calle Diego Portales 345, en el centro de la comuna.
Tiene además espacio para habilitar una sala de entrevista investigativa videograbada.
Se les imputan simulacros de fusilamiento y amenazar con quemar a un grupo de jóvenes en octubre de 2020.
El sujeto fue trasladado forzosamente a su país natal, escoltado por funcionarios de la PDI.
"Se implementará un modelo de gestión de las investigaciones penales que apunte a establecer criterios de priorización de investigaciones complejas o preferentes", detalló el Ministerio Público.
El plan es implementarlo en 2022.
Se trata de la embarcación de acercamiento de vecinos del sector.
Dieciocho persecutores salieron en defensa pública de su jefe, duramente cuestionado tras admitir que se reunió con el senador Pizarro cuando era investigado en el caso SQM.
"Jamás ha intervenido de manera alguna en las decisiones tomadas en causas a nuestro cargo", aseguraron los subalternos.
"Jamás traté el tema de las investigaciones de las platas políticas", afirmó Jorge Abbott en un reportaje en televisión.
"Por impropias que sean las reuniones, veamos qué ocurrió posteriormente", aseveró.
La acusación apunta a un delito de abuso sexual infantil, cuatro delitos de abuso sexual de persona mayor de 14 años y dos de violación de persona mayor de 14 años.
En total son seis víctimas, entre ellas, Antonia Barra, joven que se suicidó tras acusar a Pradenas de haberla violado.
La solicitud se presentó fuera de plazo.
Además, se pidió investigar contenidos de pendrives y tarjetas de memoria incautadas recientemente.
Remitieron al Senado una nómina preliminar de posibles beneficiarios del proyecto, que se discute en la Comisión de Constitución.
El documento contiene detalles de las causas judiciales, como el hecho imputado, el estado de tramitación y las medidas cautelares, entre otros.
Aunque la Fiscalía "no tenía otro camino" que no perseverar contra 34 personas, aquello es el resultado de una "maniobra más compleja" impulsada por la clase política, acusó.
"La responsabilidad del desinfle de la causa es compartida por el Ministerio Público y el SII, pero fue orquestado por los políticos de manera transversal", aseguró.
Así lo dio a conocer la persecutora Claudia Perivancich, quien decidió no seguir adelante con las pesquisas.
Entre los acusados estaba el ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, quien lanzó su campaña senatorial.
