Andrés Longton (RN), presidente la comisión ad hoc en la Cámara, coincidió con Ángel Valencia en que el organismo "es autónomo y no tiene por qué depender de un poder político".
"Nos parece importante reforzar que no está supeditado ni subordinado al ministro de turno", coincidió el socialista Raúl Leiva, miembro de la instancia.
Ángel Valencia reafirmó que el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad puede afectar la autonomía del Ministerio Público y, por ende, "debe pulirse".
Este principio constitucional garantiza su independencia y posibilidad de "investigar con libertad, caiga quien caiga, sin estar pendiente de la contingencia política", explicó en Cooperativa.
El fiscal nacional dijo que el proyecto es "un avance", pero impone un conflicto de competencias con funciones que ostenta, "en forma exclusiva, el Ministerio Público".
También cuestionó que la Fiscalía, siendo un órgano autónomo, quede supeditada al Sistema de Seguridad Pública "junto a entidades públicas dependientes".
La excandidata a alcaldesa exigió que se fijara un límite a la investigación desformalizada que enfrenta en el denominado "caso lencería".
El Ministerio Público presentó ante el Séptimo Juzgado de Garantía su acusación contra el exteniente de fuerzas especiales, Claudio Crespo.
El ex oficial es acusado de ser el autor material del delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas.
Si bien la Corte de Arica frenó la disposición del juez Héctor Barraza, la Defensoría Penal Pública igualmente accedió a las identidades reservadas.
El líder del Ministerio Público, Ángel Valencia, ordenó aclarar si hubo delitos involucrados en esta entrega.
El director anticorrupción de la entidad, Eugenio Campos, informó que las corporaciones indagadas impactan alrededor de 20 carpetas investigativas en 11 regiones del país.
Agregó que 32 mil millones de pesos provenientes desde el Fisco de Chile inciden en dichas investigaciones.
Se expuso el primer "Informe Estadístico de Homicidios con Perspectiva de Género: Femicidios y Parricidios 2022".
Solo en 2022 el 83% de las víctimas fueron de nacionalidad chilena, así como el 79% de imputados. En el 52% de los casos los agresores convivían con sus víctimas.
La iniciativa del exfical, la "Red de Gestión Penal", buscaba reemplazar al actual Sistema de Apoyo a Fiscales y a la modernización de la institución.
Desde la actual administración advierten que el proyecto tuvo gastos superiores a los 7 mil millones de pesos y que, por problemas en su base de desarrollo, se tendrá que empezar todo de cero.
En Cooperativa, Luis Toledo destacó como una decisión "bien orientada" la designación de una persecutora especial para investigar los hechos de forma agrupada.
"Al inicio de una investigación nada es descartable. Lo que procede es completar cada una de las diligencias y ver la conexión que puedan tener", dijo.
Mario Carrera destacó la "respuesta muy potente del Estado de Chile" ante esta organización criminal que, en algún momento, sembró el terror en el norte.
Gracias a su rápido desbaratamiento, "nuestros delincuentes (nacionales) no alcanzaron a hacer propias las prácticas" del cartel venezolano, sostuvo.
La vocera de Gobierno aseguró que "somos los más interesados en que se esclarezcan los hechos y las motivaciones".
El fiscal nacional, Ángel Valencia, dijo coincidir con ella si es que se refiere a que atracos como este "no son habituales" en un Ministerio.
Otros titulares, como Luis Cordero y el subrogante Manuel Monsalve, reprocharon a las voces políticas que "especulan" vínculos del robo con el caso convenios.
Ángel Valencia lo afirmó tras dialogar con los persecutores de todas las regiones donde se indagan traspasos públicos hacia fundaciones.
Apuntó que "muchas" de las ONGs implicadas se constituyeron muy cerca de la fecha en la que firmaron los contratos con el Estado.
La Corte Suprema autorizó esta diligencia al rechazar un recurso de amparo presentado por la defensa de Jorge Escobar.
El Juzgado de Arauco estableció un plazo de 45 días para el cierre de la investigación.
