Este jueves el Observatorio de Narcotráfico del Ministerio Público publicó su séptimo informe sobre la materia, el que deja en evidencia una expansión del crimen organizado en el país y su vinculación con el narcotráfico desde el 2015 a la fecha.
En el informe se presume que distintas organizaciones internacionales quieren instalarse en el país, entre las cuales se encuentran el Cartel de Sinaloa, el Cartel de Jalisco Nueva Generación de México, el Clan del Golfo proveniente de Colombia y el ya Tren de Aragua de Venezuela.
Asimismo, en el estudio se presentan las principales amenazas que podría traer la instalación de estos grupos, por ejemplo, el peligro de atentados a la autoridad persecutora y la ocupación de parques nacionales y territorios de pueblos originarios por el narcotráfico.
Además, el riesgo de la instalación del crimen organizado en las cárceles chilenas y la expansión del mercado de drogas sintéticas -si en 2020 fueron incautados 4.500 kilos de sustancias ilícitas, en 2021 subió a 7.500-.
Luis Toledo, director de la unidad de tráfico ilícito de drogas de la fiscalía nacional, agregó que "ha aumentado el número de homicidios que no pueden esclarecerse, fenómeno preocupante vinculado a la forma de operar que tiene el crimen organizado".
"Se trata de un fenómeno delictual mucho más complejo que desafía a los policías y a todo el sistema de justicia criminal. El gran problema es la capacidad que acumula el crimen organizado; acumulan dinero, recursos, influencias y, por lo tanto, el peligro de corromper a las instituciones del estado", agregó el experto en seguridad, Jorge Araya.
En el informe no se descartó que otras bandas de crimen organizado relacionadas con el narcotráfico estén trabajando en el país.
El experto en seguridad Jorge Araya analizó que "se trata de un fenómeno delictual mucho más complejo que desafía las policías y a todo el sistema de justicia criminal".
"En segundo lugar, el gran problema es la capacidad que acumula el crimen organizado, de dinero, recursos e influencias, y por tanto el peligro de corromper a las instituciones del Estado", advirtió.
Entre las propuestas del observatorio para combatir el fenómeno, destacan el definir objetivos de persecución penal contra el crimen organizado, para medir su avance y retroceso; desarrollar nuevos modelos de investigación, que incorporen tecnologías y bases de datos de otras entidades; la creación de una fiscalía suprarregional para agilizar los procesos y el fortalecimiento de la cooperación internacional.
