Si bien inicialmente la Nueva Mayoría cerró filas en torno a la Presidenta Michelle Bachelet apenas explotó la polémica por la publicación de la Revista Qué Pasa, hoy ese respaldo ha ido perdiendo fuerza en el conglomerado oficialista.
La presidenta del Partido Socialista, la senadora Isabel Allende, manifestó que la Mandataria "tiene todo su derecho a hacerlo (presentar la querella), eso es lo que dije. Otra cosa es evaluar si va a ser positivo. Tal como ha reaccionado la gente, no aparentemente, produce mucho cuestionamiento".
"Pero de que tiene el derecho, tiene todo el derecho a hacerlo", remarcó la parlamentaria.
También desde el PS, el diputado Juan Luis Castro manifestó que "se pudo haber usado un elemento político para combatir una injuria política y si hubiera sido un instrumento judicial, yo habría preferido la vía civil más que la vía penal".
"Hoy tenemos toda la prensa sobre la autoridad presidencial y en la práctica yo creo que el desdoblamiento fue más un deseo que una realidad", agregó.
En la misma línea opinó el senador del PPD Guido Girardi quien manifestó que "muchas cosas no se hicieron bien y también respecto a la propia Presidenta".
Otra de las voces críticas que surgieron el jueves fue la de la directora del Instituto de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fries, quien sostuvo que la libertad de expresión es un derecho básico en democracia y que si la Mandataria sintió afectada su honra entonces debió acudir a la justicia civil y no a la penal como finalmente hizo Bachelet.
Ayer se conoció la querella que presentó la Mandataria dirigida en contra del director de Qué Pasa, el editor general y los dos periodistas que realizaron la nota sobre las escuchas telefónicas a Juan Díaz, quien sostenía que la Mandataria había percibido beneficios económicos del negocio de Caval.
En la acción judicial, la Mandataria solicita una multa de siete millones de pesos además de tres años de reclusión para los cuatro querellados.
Hermosilla: "Sí se le avisó a Cavallo"
La querella de la Mandataria cita a tres testigos: El vocero de Gobierno, Marcelo Díaz; la jefa de Gabinete, Ana Lya Uriarte; y el periodista y asesor comunicacional por la demanda marítima, Ascanio Cavallo.
Este último se declaró sorprendido con aparecer en la acción judicial como testigo puesto que, según comentó en Cooperativa, el equipo jurídico le había solicitado declarar en calidad "de experto".
El propio abogado Juan Pablo Hermosilla afirmó que "sí se le avisó" a Cavallo que sería llamado a declarar y remarcó que "como abogado tiene derecho a incorporar los testigos que uno estime pertinente"
"A veces uno avisa en este caso, en otros casos no avisa. Eso es una decisión de los abogados", sostuvo Hermosilla sobre la polémica afirmando que "en este caso lo que estamos buscando es una opinión sobre el funcionamiento de las revistas en general".
El abogado resaltó que con la declaración de Cavallo no se busca acreditar el contenido de las injurias, pero "sí es importante que alguien de prestigio, que tenga experiencia académica además de práctica, explique sobre el funcionamiento de la revista".
Al respecto, el subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy, evitó entrar en la polémica afirmando: "No conozco eso, yo no soy abogado ni abogado de profesión ni tampoco abogado de la causa".
"Nosotros hemos mantenido una política desde hace largo tiempo que cuando los casos o las situaciones se judicializan nosotros no opinamos sobre ellos", sostuvo el ministro ayer jueves remarcando: "Esperaremos que la justicia se pronuncie sobre esto".
