El Gobierno presentará un proyecto de modernización del organismo.
El contralor, Jorge Bermúdez, pidió "un par de facultades que hoy día claramente no tiene".
Bermúdez sostuvo que con esa información "podríamos, por ejemplo, controlar de mejor manera el dinero público".
En el marco del 92° aniversario de la Contraloría General de la República, el Presidente Sebastián Piñera anunció que en las próximas semanas presentará un proyecto de modernización del organismo que buscará aumentar los niveles de transparencia, probidad y reforzar su autonomía, entre otros puntos.
"En las próximas semanas, vamos a presentar al Congreso un proyecto de una nueva Ley Orgánica Constitucional para la Contraloría para adecuarla a los tiempos modernos, a las tecnologías modernas y para que cumpla con mayor celo y con mayor eficacia su función de velar por la legalidad y el buen uso de los recursos públicos", aseguró Piñera.
Esta iniciativa surge tras los escándalos de corrupción en el Ejército y Carabineros, por lo que el contralor Jorge Bermúdez aseguró que una de las reformas debe apuntar a tener mayor revisión del uso de los gastos reservados en las instituciones armadas y de orden.
"En la propuesta legislativa, lo que nosotros estamos haciendo es que se dote a la Contraloría de un par de facultades que hoy día claramente no tiene. Una de ellas es el acceso a la información de las cuentas corrientes de todos los servicios públicos", planteó Bermúdez.
El contralor remarcó que "con esa información, que la idea de legislar ya está aprobada, nosotros podríamos, por ejemplo, controlar de mejor manera el dinero público que existe en este tipo de instituciones: de orden y seguridad, de la defensa o cualquier institución, por lo tanto, con ese tipo de facultades podríamos nosotros controlar, o por lo menos tratar de controlar, ese tipo de irregularidades".
Además, Bermúdez rechazó de plano que la reforma busque convertir la institución en un organismo colegiado, asegurando que "cuando se trata de un órgano colegiado, existe un alto riesgo de cuoteo político y eso es cierto, uno lo puede apreciar en otros órganos colegiados".
"Y en segundo lugar, la ineficiencia que se produce para la toma de decisiones. La Contraloría el año pasado sacó más de 700 auditorías, órganos similares con el mismo presupuesto, con la misma cantidad de funcionarios, no quiero nombrar ninguno en particular para no ser ofensivos, pero sacan menos de un tercio de lo que nosotros hicimos solo en materia de auditorías", agregó.
"Entonces, ahí hay dos razones que son de fondo para desaconsejar un órgano colegiado", agregó.
Gastos reservados
Respecto a la fiscalización de los gastos reservados, una de las propuestas de Bermúdez es que se agilice el acceso a las cuentas corrientes de los servicios públicos y al control del uso de los gastos reservados de las Fuerzas Armadas y en otras instituciones.
En ese sentido, fue consultado el subsecretario de Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli, quien manifestó que "nosotros estamos totalmente abiertos a perfeccionar el mecanismo de control porque sabemos que, especialmente en gastos reservados, esto es muy necesario".
"Lo que dice el contralor es bastante más claro, lo que él dice es que el control que él tiene que realizar es un control documental. Si es que no existe respaldo documental de los gastos realizados con gastos reservados, es muy difícil que pueda hacer ese tipo de control", explicó.
"Por lo tanto, lo que hay que determinar es cómo darle un rol a la Contraloría para que ejerza su función contralora", agregó.
Desde el Consejo para la Transparencia, su presidente Marcelo Drago, valoró las propuestas de la Contraloría y aseguró que refuerzan "su autonomía" y aumentan "los niveles de transparencia y probidad".
Respecto a los gastos reservados, Drago sostuvo que "estas son medidas que cumplen con una triple función, atender la demanda ciudadana por más transparencia, prevenir posibles situaciones de corrupción y mejorar la confianza en las instituciones públicas".
CDE estudiará querellarse contra juez suspendido
En la oportunidad también se trató la situación de Emilio Elgueta, ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua que fue suspendido de sus funciones y será formalizado a fines de abril por los delitos de enriquecimiento ilícito y prevaricación.
Sobre este punto, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, aseguró que este caso "evidentemente no es algo que quisiéramos, es una cosa excepcional, pero es una situación particularmente incómoda, por cierto, no puedo sino que pensarlo de ese modo".
En tanto, la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, María Eugenia Manaud, afirmó que esta semana definirán si se querellan en contra del magistrado, ya que "estamos estudiando los antecedentes para adoptar la decisión que corresponda. Lo vamos a estudiar esta semana".
El fiscal jefe de Rancagua, Sergio Moya, envió este martes los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, y se espera que el comité penal del organismo estudie el caso para tomar una decisión.
