El ente determinó que, entre agosto de 2021 y febrero de 2022, el Sence benefició a personas que no cumplían con los requisitos.
Instruyó restituir de forma íntegra, y en un plazo de 60 días, los fondos mal gestionados.
El organismo determinó que "no procede la implementación" de esta institución, pues la alcaldía "excedería las prestaciones propias de la atención primaria de salud" que la ley le faculta.
Adicionalmente, consideró "injustificado" el precio de 8.200 millones que pagó por la compra del edificio en el que funcionaría.
Conocido lo resuelto por el ente contralor, la alcaldesa anunció que decidió "no perseverar en el proceso de compra" de la Clínica Sierra Bella.
La UDI ofició al órgano dirigido por Jorge Bermúdez el 9 de enero.
La razón que esgrimió el ente fiscalizador fue la admisión de siete requerimientos de Chile Vamos y Demócratas en el Tribunal Constitucional.
Si uno de los intervinientes -emisor o receptor- los entrega voluntariamente, podrán ser incluidos en los sumarios administrativos en órganos del Estado, dictaminó el organismo.
La resolución había sido citada por RN a inicios de año para reprochar a la ministra de Justicia cuando se otorgaron tales facilidades a presos mapuche.
Además de apuntar que la entrega de beneficios depende de Gendarmería, Jorge Bermúdez precisó que la decisión del ente contralor no tiene efecto retroactivo.
Se trata de pago de remuneraciones y movimientos de cuentas corrientes entre 2020 y 2021.
La investigación evidenció la "inexistencia de un proceso de revisión" al interior de la institución.
El ente fiscalizador investiga, desde 2019, posibles "gastos improcedentes y sin respaldo" por 265 millones de pesos durante la época en que la nueva ministra del Interior era alcaldesa de Santiago.
Se trata de una eventual irregularidad administrativa en el manejo de recursos públicos: su destinación a fines distintos a los autorizados, además de rendición de facturas erróneas.
Marcelo Brunet apunta a las titulares Camila Vallejo y Jeanette Vega y a la subsecretaria Valeska Naranjo, quienes atendieron el puesto ubicado en la Plaza de la Constitución.
También ingresó otro escrito por el caso del seremi Eduardo Barra, por sus declaraciones sobre que fue "mandatado a impulsar el Apruebo", por lo que pidió investigarlo a él y también al Presidente Boric y la ministra María Begoña Yarza.
Parlamentarios criticaron duramente al ministro de la Segpres, luego de la respuesta ante el requerimiento ingresado por los diputados DC Joanna Pérez y Eric Aedo.
"El rol de la CGR es fiscalizar; nuestro rol es aclarar que hemos estado permanentemente llamando a todos los sectores a presentar sus propuestas" para mejorar el proyecto de nueva Constitución, dijo la vocera.
"La autoridad deberá tener presente las consideraciones expuestas en el ejercicio de sus funciones, en lo sucesivo", mandató el ente fiscalizador.
La conclusión responde a un requerimiento ingresado por los diputados DC Joanna Pérez y Eric Aedo.
Cuestionó publicaciones en redes sociales y reuniones vinculadas con el plebiscito por parte de las municipalidades.
Deberán adoptar procedimientos disciplinarios para indagar los hechos y determinar eventuales responsabilidades administrativas.
Tres funcionarios del Departamento de Auditorías Especiales del ente fiscalizador se entrevistaron esta tarde con Valeska Naranjo, de la Segegob.
La cita se extendió por cerca de una hora en el octavo piso del Edificio Moneda Bicentenario, subsede de la cartera que encabeza la ministra Camila Vallejo.
El contralor defendió el rol de la institución en marco de la indagatoria por uso de recursos públicos para apoyar a la opción Apruebo.
El resultado "puede ser un sumario, puede ser una denuncia a otras instituciones o puede ser también un juicio de cuentas", explicó.
