La ministra vocera salió al paso de opositores que insisten en que las Seremi de Vivienda actuaron concertadamente.
En la misma línea de Contraloría, hizo ver que "el diseño de esta forma de transferencias vino del gobierno de ese sector".
En El Maule se involucra a Urbanismo Social: "Está acreditado y da cuenta de un tráfico de influencias muy indebido", afirmó Jorge Bermúdez.
En la comisión investigadora del caso convenios, el jefe del órgano fiscalizador expuso las irregularidades detectadas e informó que 11 Seremis están denunciadas en Fiscalía.
Jorge Bermúdez revelará el informe de las fiscalizaciones ante la comisión investigadora del caso.
Las conclusiones ya fueron notificadas a todas las Seremi, que valoraron el reporte.
La administración de Daniela Peñaloza (UDI) entregó en 2021 cerca de 2.000 millones de pesos sin establecer su destino o exigir rendición de cuentas.
El municipio suspendió los aportes a las entidades señaladas en el informe hasta subsanar las falencias advertida por el órgano fiscalizador.
El ente advirtió falencias en la rectificación de subvenciones escolares otorgadas desde 2015 en San Bernardo, y en la labor fiscalizadora del Estado.
Otros problemas observados fueron montos declarados por precios superiores, gastos sin justificación y operaciones anómalas.
Una auditoría arrojó millonarios tratos directos con cinco consultoras "sin que se demostrara documentadamente la causal invocada".
También verificó adquisiciones por más de 1.000 UTM con Cadem y Fases sin contratos que las respaldasen.
El ministro afirmó que ya están implementadas 11 de las al menos 12 disposiciones ordenadas por el ente fiscalizador, tras el caso Democracia Viva.
Resta que se dicte un nuevo sistema de cálculo para los costos de los proyectos en el Programa de Asentamientos Precarios.
Se determino que la entidad se extralimitó en sus facultades fiscalizadoras sobre el rol de la institución durante el estallido social.
Contraloría apelará a la decisión ante la Corte de Santiago.
Jorge Bermúdez explicó en Cooperativa por qué el Ministerio de las Culturas tuvo que retirar esta semana el documento que había ingresado para la toma de razón.
"Estamos un poco encima de los plazos. Uno hubiese esperado que llegara antes", comentó, dado que la ceremonia se realizará en cuatro días.
"Lo que hemos hecho ha sido nuestro trabajo para poder determinar qué pasó con esos recursos públicos", dijo Jorge Bermúdez.
El alcalde concretó la acción penal luego de que se revelara en la prensa que el órgano fiscalizador le formuló cargos por "faltas a la probidad".
El alcalde concretó la acción penal que anunció el mes pasado, luego de que se revelara em la prensa que el órgano fiscalizador le formuló cargos por "faltas a la probidad".
"Me han acusado y sentenciado a través de los medios", deploró entonces, tachando de "improcedente e insólito" que Jorge Bermúdez también comentara el proceso.
Considera que incumplió con normativas para controlar recursos públicos, ordenando el sumario "por hechos que contravienen gravemente el principio de probidad administrativa".
El organismo fiscalizador también propuso sanciones para 13 funcionarios y exfuncionarios de la Municipalidad de Vitacura.
La alcaldía que lidera la independiente Carolina Silva rehusó invalidar una licitación por 1.570 millones, como ordenó el organismo.
Según concejales denunciantes, ésta implica un sobrecosto de 50 por ciento respecto de otras ofertas.
Aisén Etcheverry integró, en 2019, la comisión evaluadora de propuestas para la Fundación Data Observatory: a la convocatoria llegó Amazon, donde fue gerenta el año anterior.
Aunque las circunstancias le exigían el "alejamiento voluntario" del proceso, su participación "no afecta la validez de la conformación de la entidad", estableció el órgano fiscalizador.
