El juicio oral en contra de los conocidos anarquistas Francisco Solar y Mónica Caballero -expareja-, quienes están en prisión preventiva desde 2020 por el envío y colocación de artefactos explosivos, comenzó este martes en el Centro de Justicia de Santiago.
Tras un año de investigación, la Fiscalía Metropolitana Sur imputó al primero por tres hechos: el primero es el frustrado atentado dirigido al exministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, que recibió una bomba con dinamita en su oficina de Quiñenco en Las Condes, la cual fue interceptada por el GOPE de Carabineros el 25 de julio del 2019.
En esa misma jornada, y casi en paralelo a la recepción del primer paquete, detonó un artefacto explosivo enviado a la 54º Comisaría de Huechuraba, el que provocó lesiones a ocho uniformados.
Finalmente, a ambos se les imputa la colocación de dos explosivos en el edificio Tánica (ex-Transoceánica), ubicado en la avenida Santa María de Vitacura, en febrero del 2020, acción que -según la inédita confesión de Solar- respondió a la "complicidad entre la fuerza represiva y la clase adinerada" que percibió durante el estallido social.
En tal ocasión, supuestamente pidió colaboración a Caballero para caracterizarse y ella le ayudó con eso y el recorrido, así como la difunsión del ataque de manera anónima.
Quienes fueran absueltos a inicios de la década pasada por el "caso Bombas I" además fueron condenados y expulsados de España tras instalar y detonar una bomba en la Basílica Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza, tras lo cual se radicaron por un tiempo breve en la Región del Maule antes de retomar las andanzas anarquistas, reveló Solar, antropólogo de profesión.
LAS PENAS SOLICITADAS
De acuerdo al jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado, Álex Cortés, "el primer hecho está relacionado principal y exclusivamente con el acusado Francisco Solar, por el atentado a la 54° Comisaría y el atentado al exministro Rodrigo Hinzpeter, y en el segundo hecho aparecen ambos imputados involucrados, que tiene relación con la colocación de artefactos explosivos en el edificio Tánica".
"Se trata de una importante cantidad de delitos que les fueron imputados, y por lo tanto, para Francisco Solar la pena está sobre los 150 años de privación de libertad, por cuanto participa en un número mayor de delitos, y en relación con Mónica Caballero, su participación está circunscrita a sólo un hecho, por lo tanto, es evidente que la pena es menor y está cerca de los 20 años de privación de libertad", detalló.
Previo al comienzo de la audiencia, el fiscal nacional, Ángel Valencia, dijo a Cooperativa que espera que "el juicio termine de la forma en que estamos solicitando, es decir, con una sentencia grave contra los autores de delitos tan, tan, tan serios como aquellos que cometieron los acusados".
Uno de los querellantes, la Municipalidad de Vitacura, aclaró que no seguirán la teoría del Ministerio Público, que busca imputar faltas a la ley de armas, sino que quiere tipificar uno de los casos como delito terrorista.
"A diferencia de lo que ocurre en el hecho número 1, en donde se envía un artefacto explosivo a personas determinadas, en particular, una persona de Carabineros; en segundo, un exministro del Interior. Acá lo que se hace es que se coloca el artefacto explosivo en un lugar de libre acceso público, por ende, eso creemos nosotros que por sí daba para poder configurar ese aspecto subjetivo especial que requiere el delito terrorista", explicó el abogado patrocinante del municipio en el caso Matías Balmaceda.
DEFENSA DE CABALLERO NIEGA PARTICIPACIÓN
Desde la Defensoría Penal Pública, la abogada María Fernanda Bühler, que representa a Caballero, remarcó que ésta "no tiene ningún tipo de vinculación con los hechos 1", como fueron denominados los atentados acaecidos en julio de 2019.
Asimismo, aseguró que "no colocó, ni activó, ni detonó artefacto explosivo alguno, en ninguno de los hechos por los cuales está siendo acusada. No tuvo ningún rol que tenga relación con la acusación que plantea el Ministerio Público, y en virtud de eso, vamos a solicitar que la calificación jurídica presentada por el fiscal sea desestimada".
