Fueron detenidos tres ejecutivos que adquirieron bienes, cambiaron vehículos y viajaron al extranjero con el dinero defraudado.
Serán formalizados por el delito de apropiación indebida y falsificación de documento mercantil privado.
En el operativo la PDI incautó una suma de 39 millones de pesos.
La PDI detuvo a tres funcionarios ejecutivos de la Compañía General de Electricidad (CGE) que estaban a cargo de la contabilidad de la empresa y que, según la policía, se apropiaron del dinero de terceros por un monto cercano a los 260 millones de pesos.
Los detenidos fueron identificados como los contadores Juan Eduardo Orellana, de 35 años, Rodrigo Esteban Suazo, de 49, y el ingeniero comercial Jorge Antonio Valdés, también de 35 años.
En el operativo también fue detenida María Cornejo, quien era la mujer que era utilizada como "palo blanco" por la banda, para cobrar los cheques.
El grupo era el encargado de depositar los dineros que la empresa guardaba en una mutual para pagar las jubilaciones de sus trabajadores, pero modificaron los cheques y alteraron la cifra del contralor que autorizaba su cobro, tras lo cual transferían el dinero a sus cuentas personales.
Operaban desde 2011
Según la información policial, que inició la investigación tras una denuncia de un abogado de la misma Compañía General de Electricidad luego de un llamado de una entidad bancaria, la banda realizaba este fraude desde 2011.
El subprefecto de la PDI, Cristián Muñoz, explicó que "a cada uno de ellos se le incautó una cierta cantidad de dinero que aún mantenían en su domicilio de los últimos cheques que fueron girados, una suma que asciende a 39 millones de pesos en su totalidad"
Muñoz agregó que "cada uno manifiesta haber comprado varios bienes muebles, cambiaron sus vehículos, realizaron viajes al extranjero como al sur del país y uno de ellos también, en sociedad con otra persona, se compró una discotheque en la comuna de Maipú".
Los tres empleados se encuentran detenidos en la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Oriente de la policía civil y pasarán a control de detención por el delito de apropiación indebida y falsificación de documento mercantil privado.
