En el Primer Juzgado de Garantía de Santiago se lleva a cabo este viernes la audiencia de formalización de cargos contra los nueve sospechosos del asalto frustrado que en marzo pasado afectó al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago, hecho que terminó con la muerte de un funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y un delincuente.
Los imputados son Marco Antonio Herrera Herrera, José Luis Robles Aros -un exfrentista conocido como "El Pape"-, Ángel Ronny Escárate Contreras, Alberto Marcelino Hernández Díaz, Weeldhen Mayco González Fuentes, Marcos Antonio Fuentes Poso, Cristian Fabián Miranda Núñez, Claudio Ignacio González Miño, José Óscar Alejandro y Bilbao Salinas.
Un décimo involucrado, identificado como Yonatan Aníbal Cruces Flores, fue detenido en Paraguay y su extradición se encuentra en trámite.
En tanto, hay tres sospechosos que se mantienen prófugos, y dos se ellos ya se encuentran identificados: Sebastián Harold Antivilo Peña y Patricio Fuentes Zamorano. Por lo anterior, la Fiscalía solicitó ayudar a la comunidad para dar con su paradero.
Fuentes Zamorano era el líder de la banda, según señaló el fiscal Eduardo Baeza en la audiencia.
Según la hipótesis del persecutor, también hubo brazos logísticos que facilitaron el uso de automóviles y las dependencias de una desarmaduría.
El fiscal acusó varios delitos a todos los imputados: asociación ilícita, robo con homicidio, robo con violencia e intimidación, lesiones leves, tenencia ilegal de armas de fuego convencional, tenencia ilegal de armas de fuego con número de serie borrado, tenencia ilegal de municiones, receptación de vehículos motorizado, receptación de armas de fuego y daños a vehículos motorizados.
A Cruces Flores, además, se le añadieron otros delitos: robo con violencia e intimidación en calidad de frustrado, conducción de vehículos con placa patente adulterada.
PRISIÓN PREVENTIVA PARA NUEVE DE LOS IMPUTADOS
El fiscal pidió la medida cautelar de prisión preventiva para todos los detenidos, sin embargo, sólo se concedió para nueve de ellos -ocho presencialmente y se sumó al imputado que se encuentra en Paraguay-, y el arresto domiciliario total para el restante.
"Estamos totalmente satisfechos como Fiscalía", declaró luego el persecutor Baeza, y en cuanto al trámite de extradición, adelantó que continuará en la Corte de Apelaciones, "y esperamos que sea rápido, para que prontamente esté disponible para la investigación en nuestro país".
Asimismo, el abogado querellante de la empresa Brinks, Gonzalo Rodríguez, afirmó que "estamos muy conformes con el trabajo que ha desarrollado hasta acá las policías y la Fiscalía, estamos colaborando codo a codo con ellos. Quedan en prisión preventiva los imputados que han sido formalizados, por lo tanto, eso nos parece muy satisfactorio, ha sido una investigación en la que hemos colaborado y pensamos seguir en esa línea".
Mientras que el abogado Mauricio Godoy, defensor del imputado Claudio González Miño, fustigó que "no se ha logrado probar el delito de asociación ilícita y la participación de mi representado también se encuentra bastante cuestionada por cuando a él solamente lo que lo vincula es una huella dactilar respecto de una caja que se encontró".
Finalmente, el presidente de la Asociación de Funcionarios de la DGAC, Luis Osorio, expresó que "lo importante de esto es demostrarle y que les quede claro a los delincuentes que hoy día en nuestro país el delinquir y particularmente el quitarle la vida a una persona, a un trabajador, a un padre de familia, no es algo que queda impune. Finalmente, como asociación gremial, reiterar nuestros agradecimientos por la labor desarrollada por la PDI y la Fiscalía, que permitió la captura de estas personas, y quedamos a la espera del trabajo en los tribunales".
De no haber sido impedido, este habría sido el atraco más grande de Chile, superando con creces el que logró robar 7,9 millones de dólares en 2014 y el que en 2017 se apropió de otros 21 millones, ambos en la misma terminal aérea.
