Se trata de los ciudadanos chinos Jing Shaan Huan y Jiu Jin Tang.
La decisión "marca el inicio de un fin", asegura uno de los defensores, que compara esta causa con el polémico "caso bombas".
La Corte de Apelaciones de San Miguel revocó la prisión preventiva de dos de los 16 imputados por su presunta participación en la red de explotación infantil que fue desbaratada por la PDI.
Se trata de los ciudadanos chinos Jing Shaan Huan y Jiu Jin Tang, quienes permanecían privados de libertad en el Penal Santiago Uno tras ser formalizados por el delito de obtención de servicios sexuales de menores, en calidad de clientes de la mentada red.
El Tribunal cambió ayer la medida cautelar a arresto domiciliario total, firma mensual y arraigo nacional durante el período de investigación decretado por el 11° Juzgado de Garantía de Santiago.
Para el defensor público Juan Pablo Gómez, representante de Shaan Huan, esta decisión judicial "marca el inicio de un fin".
"Es muy probable que las demás defensas comiencen también a pedir revisión de medidas cautelares, y muy probablemente se empiecen a revocar" las prisiones preventivas, dijo el abogado a Cooperativa.
En ese escenario, con los imputados fuera de prisión "uno tiene, como defensa, mayor libertad para contraatacar, por así decirlo, entonces todos los argumentos que en su momento planteamos en la audiencia de control de detención, muy ciertamente de ahora en adelante seguirán siendo desarrollados por la defensas, principalmente las declaraciones de las menores -perdón, de las jóvenes- que resultaban contradictorias", adelantó.
Terminará como el "caso bombas"
El jurista comparó este proceso con el del llamado "caso bombas", que marcó un rotundo fracaso para la Fiscalía tras desestimarse la acusación de asociación ilícita terrorista y decretarse la absolución de todos los imputados.
"Si partió igual muy probablemente va a terminar igual. Partió igual porque la Fiscalía acomodó los antecedentes" para formular la acusación y dicha estrategia concluyó en un fracaso, indicó Gómez.
