El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció que el Gobierno se querellará por el caso de Ronald Ojeda Moreno, exmilitar venezolano que fue secuestrado la madrugada del miércoles en su domicilio en la comuna de Independencia.
"Quiero informar que el Gobierno, como en otros casos de delitos graves, ha decidido querellarse. Siempre nos parece que es una decisión muy importante la querella que se presenta por parte del Gobierno, a través del Ministerio del Interior. Uno, para dar una señal política de que al Gobierno le interesa que estos casos no queden en la impunidad, y por tanto sean esclarecidos", informó la autoridad.
"Pero además -continuó- porque eso le permite al Gobierno hacerse parte de las diligencias para esclarecer este tipo de delitos".
REUNIONES EN LA MONEDA
Cerca de las 08:00 de la mañana, la ministra del Interior, Carolina Tohá, junto al titular de Justicia, Luis Cordero, y el subsecretario Monsalve, se reunieron con el fiscal nacional, Ángel Valencia, y el jefe del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, Héctor Barros, para evaluar antecedentes de la investigación y actualizar las medidas de apoyo.
A las 10:00 de la mañana también hubo una segunda reunión con el canciller Alberto van Klaveren y el alto mando de la Policía de Investigaciones (PDI). Además, el subsecretario Monsalve reveló que esta situación ya fue reportada al Presidente Gabriel Boric, quien participó en una de las citas de manera virtual por encontrarse de vacaciones.
"Nuestro embajador Jaime Gazmuri ya está haciendo las gestiones para poder tener una conversación con el viceministro para las Américas de la Cancillería Venezolana", detalló a su turno Vallejo, quien dijo que "independientemente de las distintas hipótesis que andan circulando, todos estos trabajos y estas gestiones y estas coordinaciones puedan colaborar para que la investigación llegue a puerto".
"Tenemos contactos en todos los niveles, de Gobierno, policial y fiscalías. Esos encales se están produciendo porque esto es de suma urgencia", remarcó la portavoz.
Sobre esto, Monsalve señaló que "hay una relación de colaboración entre nuestras policías y, por lo tanto, la PDI también ha tenido contacto con sus contrapartes policiales en Venezuela, ha habido contacto tanto a nivel diplomático, que se le ha pedido a través de nuestro embajador, como contacto a nivel policial desde la PDI con la policía venezolana".
La investigación, que fue declarada como secreta, está a cargo de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Antisecuestros (BIPE) de la PDI. En tanto, ayer el Ejecutivo informó el refuerzo los controles fronterizos en la zona norte del país, en puertos y aeropuertos, como también el levantamiento de una alerta a Interpol.
PRESUNTA INTERVENCIÓN EXTRANJERA
La preocupación persiste, sin embargo, por voces que apuntan a que el presunto secuestro habría sido ejecutado por agentes extranjeros, dado que Ojeda es un reconocido opositor venezolano y además el régimen de Nicolás Maduro lo incluyó el mes pasado en una lista de "traidores de la patria".
En esta línea, el diputado José Miguel Castro (RN), integrante de la Comisión de Seguridad, indicó que "es imposible pensar que no fuese una intervención internacional. Es por eso que no podemos seguir esperando para saber qué está pasando con la investigación. Acá se tienen que tomar medidas claras y fuertes en cuanto a política exterior, en cuanto a relaciones diplomáticas".
"Yo creo que debería llamarse al embajador en Venezuela a consulta acá en Chile, ver efectivamente las denuncias que se han hecho por distintas personas en contra del régimen de Maduro y de esa forma golpear la mesa de una vez por todas", añadió.
Por su parte, el director del Instituto de Integración Latinoamericano, Guillermo Ugarte, aseguró que actualmente Ojeda "no tiene la condición de asilado político, pues la condición de asilado político está regulada por la ley 20.480. Él lo que tiene, es lo que tienen cientos de extranjeros, sobre todo venezolanos, que es la condición de refugiado desplazado".
Además, a su juicio, esto "es un secuestro internacional a un activista político y esto no se trata de un crimen organizado aquí en Chile, sino que es un secuestro de la dictadura de Nicolás Maduro", recordando que situaciones similares se han vivido en Colombia y Ecuador años anteriores.
Con todo, dentro de las hipótesis que se barajan, no se descarta que el secuestro pueda estar vinculado al crimen organizado, y no se trate de un hecho de carácter político.
