En un acto realizado en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda la Presidenta Michelle Bachelet firmó este lunes un proyecto de ley que agrega un nuevo artículo al Código Penal, a objeto de "castigar a quien públicamente, o a través de cualquier medio apto para su difusión pública, incite directamente a la violencia física contra una persona o grupo de personas ya sea por su raza, origen nacional o étnico, sexo, orientación sexual, identidad de género o creencias".
"Con dolorosa frecuencia nos enteramos de casos de agresiones, verbales, físicas o psicológicas motivadas por el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, la religión, las creencias, la cultura o la nacionalidad de la víctima. Eso es una afrenta para nuestras sociedades, nos avergüenza como grupo humano y nos convoca a trabajar para evitar que se repitan o, peor, escalen. Y esto incluye no sólo impedir actos de odio y violencia, sino también el lenguaje que conduce a ellos o los naturaliza", dijo Bachelet en su discurso.
"A través de este proyecto fortalecemos la capacidad de Chile de construir, a través del diálogo democrático y respetuoso, un clima de diversidad e integración entre sus habitantes, (...) consolidar el respeto y la tolerancia entre los habitantes de nuestra patria y cerrar las puertas al odio y la violencia, para que nadie vuelva a ser atacado por otros por ser lo que es, vivir como quiera vivir o expresar respetuosamente sus convicciones", agregó la Mandataria.
Bachelet dijo que no sólo hay que "impedir actos de odio y violencia, sino también el lenguaje que conduce a ellos o los naturaliza". (Foto: ATON)
Las penas
El proyecto establece una pena de presidio menor en su grado mínimo (de 61 a 540 días) y multa de 30 a 50 unidades tributarias mensuales (1,4 a 2,3 millones de pesos, aproximadamente), y en caso de que el delito sea cometido por un funcionario público en el ejercicio de su labor o en razón de su cargo, la pena irá de 541 días a tres años de cárcel y la multa será de 50 UTM.
La iniciativa modifica la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas para hacerlas responsables cuando el delito sea cometido por sus dueños, controladores, ejecutivos o representantes; y también modifica la Ley de Prensa al eliminar las norma que sólo castigaba con multa a quien hiciera publicaciones o transmisiones destinadas a promover odio u hostilidad respecto de personas o colectividades.
"Éstos son los estándares internacionales que se usan para garantizar que no se cometan abusos en este sentido, estándares que (...) debemos exigir a quienes cuentan con el privilegio de hacer sus opiniones en el espacio público", resaltó Bachelet.
El Movilh dijo que la ley permitiría sancionar iniciativas como "el bus del odio". (Foto: ATON)
Movilh: Avance hacia la prevención
La firma del proyecto fue valorada por Rolando Jiménez, dirigente del Movilh, quien la consideró "un avance hacia la prevención de los abusos y discriminación contra los sectores históricamente postergados", y destacó que "de aprobarse esta ley los discursos y campañas de odio que hoy gozan de total impunidad, podrán ser sancionados, lo cual es un paso hacia el respeto y la igualdad plena de derechos".
"Tenemos la convicción de que los discursos racistas, homofóbicos, transfóbicos, clasistas, misóginos o xenofóbicos son el caldo de cultivo para conductas violentas que en casos extremos terminan en golpizas y asesinatos. Estos abusos hoy quedan en la impunidad, pues la Ley Antidiscriminatoria sólo sanciona acciones, no discursos. De ahí la relevancia de la ley firmada hoy", agregó el ex presidente del Movilh.
Jiménez agregó que, de haber estado aprobada esta norma, iniciativas como "El Bus de la libertad" -que el Movilh denominada "bus del odio"- serían sancionadas.
