Diputados de la Nueva Mayoría afirman que la Fiscalía de Rancagua, que investiga el llamado caso Caval, también debe indagar las acusaciones que lanzó esta semana Sebastián Dávalos, hijo de la Presidenta Bachelet, contra el ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo.
En una declaración solicitada por él mismo ante los fiscales Luis Toledo y Sergio Moya, Dávalos denunció que Peñailillo y sus cercanos del grupo G90 al interior del PPD orquestaron una "operación política" para provocar el estallido del caso Caval y así desviar la atención de la causa SQM, "que los involucraba".
Dávalos apuntó además al ex ministro Sergio Bitar, al senador Guido Girardi y al embajador Fernando Ayala como personeros PPD que manejaban la información sobre el negocio especulativo de su esposa, Natalia Compagnon, antes de que éste se hiciera público.
Dio todos estos argumentos para explicar por qué al abandonar la Dirección Sociocultural de la Presidencia, en La Moneda, pidió el borrado de información de su computador: "No quise exponerme a que fuera manipulado, introduciendo información, (...) pues tenía temor fundado de que así podía ocurrir", señaló.
Imputaciones "graves"
Para el diputado DC Gabriel Silber, quien preside la segunda comisión investigadora de la Cámara de Diputados en torno al caso Caval, "aquí lo que hace Dávalos es imputar delitos al entorno presidencial, señalando justamente que se querían generar pruebas o evidencias mediante el hackeo de un computador para inculparlo".
"Eso por sí solo es de una gravedad que esperamos que el fiscal Toledo lo investigue y lo aclare a la brevedad", afirmó Silber, quien además dio detalles del proceso de redacción del informe final de la instancia, que se presentará el 4 de enero y que espera que alcance consenso entre el oficialismo y la oposición.
"Los miembros de la comisión estamos conscientes de, muchas veces, el crédito que existe respecto a estas instancias y lo que queremos en definitiva, es que frente a un caso tan grave, como comisión investigadora seamos un genuino aporte en nuestras conclusiones y estamos trabajando en un solo informe", dijo.
El diputado socialista Juan Luis Castro opinó, en tanto, que se deben seguir presentando personeros políticos a declarar ante el fiscal Toledo para aclarar "los alcances de cuánta intervención y en qué consistió, qué habría hecho la llamada a G90 y otros personajes", cuestión que "es algo totalmente incierto aún".
"Es recomendable -y es lo que muchos hemos señalado- que sean citados a declarar por el fiscal que lleva la causa para que así se dilucide hasta dónde La Moneda o personeros de alto nivel en La Moneda pudieron haber sabido, manejado, conocido detalles de este caso antes de que saliera a la luz pública, el 6 de febrero pasado", por un reportaje de la revista Qué Pasa, señaló Castro.
Evópoli pide "asumir responsabilidades políticas"
Desde la oposición, el diputado y presidente de Evópoli, Felipe Kast, manifestó que, más allá de una u otra diligencia particular en la Fiscalía o la Cámara Baja, "lo que uno no quisiera es que, finalmente, quedara en nada" la indagatoria.
"Uno quisiera que la Justicia pudiera operar y que las responsabilidades políticas –que es el fin que tiene una comisión investigadora- se asuman desde el interior de La Moneda. Desgraciadamente, hasta el momento no hemos visto nada de aquello. Ha pasado, de alguna manera, al olvido, esta segunda comisión investigadora que tiene, justamente, como objetivo, intentar que esas responsabilidades políticas se asuman. Eso será responsabilidad de la Presidenta en su debido momento", planteó Kast.
