El medio remarcó que la publicación, "en caso alguno, constituye una falta, ni legal ni ética".
"Para defender la libertad de expresión amenazada recurriremos a todas las instancias, nacionales e internacionales", anunció.
Qué Pasa remarcó que la Presidenta Bachelet "no está exenta" del control de los medios de comunicación.
La Revista Qué Pasa salió al paso de la querella que presentó este marte la Presidenta Michelle Bachelet por la publicación en el sitio web del medio de una escucha telefónica al gestor inmobiliario de Caval, Juan Díaz, quien la involucró en el caso que tiene a su nuera como imputada.
El medio manifestó que "todas las autoridades se encuentran sometidas al escrutinio y fiscalización de los ciudadanos, y los medios de comunicación tienen una especial misión en este sentido, ya que efectúan este control de quienes ejercen el poder, como parte esencial del funcionamiento de la democracia. La Presidenta de la República no está exenta de este control".
"Por este motivo -añade la declaración-, consideramos de la mayor gravedad y rechazamos la presentación de esta acción criminal que intenta coartar la libertad de expresión".
Sobre el anuncio del vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, la revista comenta que "el hecho que la querella sea presentada por la Presidenta en calidad de ciudadana no disminuye esta presión, ya que ambas calidades son inseparables. De otra manera no se entendería que la presentación de la querella fuera anunciada por el Ministro Secretario General de Gobierno".
Antecedentes no estaban bajo secreto
Qué Pasa manifestó que "en la mencionada publicación sólo se reprodujeron los dichos de una persona imputada en el denominado Caso Caval, que fueron obtenidas en una intervención telefónica autorizada por el juez de la causa".
"Estos antecedentes no estaban amparados por ninguna clase de secreto, eran de acceso público para los intervinientes en la causa, y fueron obtenidas legítimamente por los periodistas de este medio", remarcó la revista.
Y agrega: "La publicación en la revista de parte de la carpeta investigativa de la fiscalía en caso alguno constituye una falta, ni legal ni ética. Más aún, parte del contenido era de público conocimiento, ya que había aparecido en diversos medios de comunicación".
Asimismo reconoce que "aquella parte de la transcripción publicada en nuestro sitio web que no era conocida, fue reeditada según nuestros estándares editoriales hasta tener la versión de las personas aludidas, y se pidieron las disculpas correspondientes.
"Para defender la libertad de expresión amenazada recurriremos a todas las instancias, nacionales e internacionales, tanto jurisdiccionales como gremiales, pues consideramos que los peligros relacionados con esta acción gubernamental, merece reaccionar con la mayor fuerza", finalizó la declaración pública de la revista.
