La Contraloría General de la República ordenó un proceso disciplinario contra la Municipalidad de Antofagasta, luego de que el alcalde Jonathan Velásquez utilizara abogados del municipio para fines particulares en dos oportunidades.
Los antecedentes dan cuenta del 11 de mayo pasado, cuando utilizó su cuenta personal de Facebook para realizar descargos y descalificaciones contra una profesora de la comuna y su cónyuge, ambos dirigentes, en un video donde involucró imágenes y datos personales de los afectados.
El otro hecho data del 18 de julio, también de este año, cuando la autoridad comunal realizó comentarios en sus redes sociales contra un medio de comunicación local y su representante, a quien acusó de supuestos actos de corrupción con sus imágenes y datos personales.
Contraloría determinó que dichas conductas dieron lugar a las acciones de protección de Velásquez, y que su defensa fue asumida por abogados del Municipio.
El concejal Luis Aguilera, que solicitó el procedimiento ante el organismo, enfatizó que el ente "ha sido claro en declarar que no procedió haber utilizado a los funcionarios municipales para defender causas que son particulares y que guardan relación con las redes personales del alcalde y cómo este mismo ha ido 'funando' a diferentes vecinos de nuestra comuna".
Por lo anterior, el concejal remitió los informes al Consejo de Defensa del Estado y a la Fiscalía regional, "para que revisen si eventualmente se produciría un potencial fraude al Fisco", por el uso de recursos municipales para acciones personales.
El concejal Camilo Kong indicó esperar que las autoridades de Antofagasta cumplan para entregar una mejor calidad de vida "y eso significa también ser súper responsable con lo que se hace y con lo que presenta a través de las plataformas digitales".
"Esperamos que esto pueda ser una sanción ejemplificadora, puesto que el alcalde no se manda solo y tiene que cumplir con la ley y los estatutos administrativos en relación a lo que dicta su cargo", sostuvo por su parte la concejala Paz Fuica.
La situación ha sido conversada en un Concejo Municipal, instancia que ingresó un oficio a la Unidad de Control de la Municipalidad que no ha tenido respuesta.
