El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica condenó a un sujeto a un total de 81 años de presidio efectivo por los delitos de violación y abuso sexual reiterados de menores de edad, cuyos hechos fueron perpetrados entre los años 2010 y 2017.
En fallo unánime, el tribunal condenó a A.E.R.V. (de 34 años) a tres penas de cumplimiento efectivo de 20 años de presidio efectivo, en calidad de autor de tres delitos consumados y reiterados de violación de menores de 14 años de edad, y a dos penas de 10 años de presidio efectivo, en calidad de autor de dos delitos consumados y reiterados de abuso sexual de menores de 14 años.
A lo anterior se suman 541 días de reclusión por el delito consumado y reiterado de exhibición de material pornográfico a menores de 14 años.
El fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales, Patricio Espinoza, señaló que "el día de hoy el tribunal dictó una condena de un total de 80 años por los delitos de violación y abuso sexual reiterados respecto de tres víctimas, además de una pena de 541 días por el delito de exhibición de material pornográfico a estas mismas niñas. Sin duda, tan altas penas esperamos que sirvan para dar justicia a las víctimas y sus familiares".
Además, se le inhabilitó de forma perpetua ejercer cargos públicos y derechos políticos, profesiones titulares mientras duren las condenas y la accesoria especial de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa con menores de edad.
Asimismo, el tribunal impuso al condenado la pena especial de "interdicción del derecho de ejercer la guarda y de ser oído como pariente en los casos que la ley designa; la sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los 10 años siguientes al cumplimiento de la pena principal; la privación de la patria potestad de las víctimas, si la tuviere, o inhabilitado para obtenerla, si no la tuviere y de todos los derechos que por el ministerio de la ley se le confirieren respecto de la persona y bienes de las ofendidas, de sus ascendientes y descendientes", añade el fallo.
Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e incorporación en el registro nacional de ADN de condenados.
