El senador José Durana y los cores Diego Paco y Ximena Valcarce interpusieron la denuncia.
Argumentan que el sector existen construcciones privadas que no cuentan con permisos.
El campamento Coraceros fue el que evitó que el agua llegará a la zona urbana en Arica.
Este viernes el senador UDI por Arica y Parinacota, José Durana, presentó una denuncia criminal contra quienes resulten responsables por cuasi delito de homicidio y lesiones tras la bajada del río Acha que terminó con 1.200 personas evacuadas y una víctima fatal.
El parlamentario colocó el recurso en el Ministerio Público en compañía de los Consejeros Regionales Ximena Valcarce (UDI) y Diego Paco (RN), quienes expusieron que existen responsabilidades penales al colocar vidas humanas en riesgo en el sector de Coraceros.
"Acá existe una responsabilidad fiscal y también del sector privado, por lo mismo, hoy estamos presentando esta denuncia en el Ministerio Público para que se determinen responsabilidades producto de esta tragedia que afectó a los pobladores del sector de Coraceros la noche de este viernes 1 de febrero", señaló al respecto Durana.
Junto a cores @ximevalcarce y @diegopacom presentamos denuncia criminal por cuasidelito en @Fiscalia_Arica tras bajada de Río Acha. En 2017 denuncié realización de una obra no autorizada que, desde el 2016, alteraba el cauce del Río. https://t.co/mb5G4lI2Q2
— Jose Durana (@Duranasenador) 1 de febrero de 2019
Según los antecedentes puestos a disposición, las distintas obras en torno al río Acha transgreden los artículos 41 y 171 del Código de Aguas debido a que no fueron autorizadas por la Dirección General de Aguas.
Dicha obra fue denunciada en septiembre del 2017 por el senador Durana, oportunidad en la que indicó que los trabajos realizados a un costado del campamento para la instalación de un patio de camiones, alteraban el cauce del río Acha desde el 2016, generando un embalse en su interior.
Gobierno Regional
Desde el Gobierno Regional, en tanto, fue el seremi de Vivienda y Urbanismo quien salió a explicar la situación que afecta al campamento Coraceros y a sus alrededores.
El seremi Giancarlo Baltolú explicó que los terrenos fueron adquiridos por Serviu a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional con recursos "mal gastados en el gobierno anterior", a juicio de la autoridad.
"Ese terreno no es ávido para construir viviendas. Lamentablemente, en torno a eso se generaron otras inversiones que a nosotros nos parecen de una irresponsabilidadde las acciones que se están desarrollando. Hay una multa que se le hizo a la empresa dueña de ese terreno por el cierre perimetral y porque taparon la ida del río", señaló.
Baltolú fue tajante al decir que dichos terrenos no serán utilizados para la construcción de viviendas sociales como en un momento se previó, debido a los altos costos que significan obras de mitigación por el paso del río Acha, el cambio de líneas de alta tensión y la protección de recursos arqueológicos.
En tanto, el seremi de Gobierno Víctor Mardones, evitó realizar mayores comentarios respecto al tema, señalando que "no es competencia del Gobierno el hacerse cargo de las solicitudes particularente judiciales que pueden hacer los parlamentarios. Para eso están los tribunales, ellos son externos, tendrá que seguir su cauce y el día de mañana veremos si esa causa prospera".
