La mayor cantidad de procedimientos se han acogido a la segunda causal de inviabilidad fetal.
Desde la entrada en vigencia de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales en 2018, en la Región de Aysén se han producido solicitudes 30 procedimientos de este tipo, según cifras entregadas por la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género.
De esa cantidad, 21 casos terminaron en interrupciones de embarazos: cinco por riesgo vital de la madre, nueve por embarazos inviables y siete por violación.
La mayoría de las interrupciones amparada en la segunda causal mantiene a nivel regional la tendencia del país, donde la imposibilidad de continuar el embarazo por los problemas que presenta el neonato alcanza los 2.080 casos en mismo periodo de tiempo.
En el caso de la causal de violación la mayoría de las personas que han recurrido a solicitar ayuda son menores de edad víctimas de agresiones sexuales. "Más de las mitas de ellas son menores de 14 años", detalló la seremi de la Mujer Andrea Méndez, quien profundizó indicando que si se llegase a optar por derogar esta causal, sería dejar a muchas niñas desamparadas y "hacerla optar por opciones riesgosas".
En cuanto a cifras nacionales, entre 2018 y junio de este año se han presentado 4.272 casos. De ellos 1.296 mujeres han solicitado apoyo por encontrarse en riesgo vital, 2.080 por embarazos inviables y 896 por violación.
Una de las formas de atender estos casos es a través de la línea telefónica de Salud Responde al 600 360 7777, instancia a través de la cual, desde 2018, se han recibido 500 llamadas relacionadas a esta ley.
