Una investigación identificó las áreas en que se concentran las toninas y distinguió sectores donde se concentra la probabilidad de encuentro de esta especie.
El doctor Luis Bedriñana-Romano afirmó que este estudio "refuerza la noción de vulnerabilidad de la especie".
El ejemplar fue encontrado en el canal Puyuhuapi con una cuerda alrededor de su cuerpo cuando todavía estaba vivo y presentaba lesiones.
Sin embargo, el cetáceo falleció "y su cuerpo se sumergió a unos 4 a 8 metros de profundidad", según informó Sernapesca.
Blumar mintió a Sernapesca sobre un baño farmacológico en un centro de cultivo.
El acuerdo, por 1.600 millones de pesos, se dejó sin efecto a mediados de agosto.
La ONG decidió presentar un recurso de protección, alegando que la decisión no tiene fundamento legal.
El nuevo rector, que asumió el sábado, les informó que no hay seguridad de poder pagarles los sueldos de los próximos meses.
Anunció una auditoría para determinar las razones de la crisis financiera.
La Fiscalía lo formalizó por el incidente, que fue viral en redes sociales, pero el tribunal desestimó aplicarle dicha medida cautelar solicitada.
Sí le impuso la "prohibición de acercarse a la víctima".
La PDI detalló que la mujer "se dedicaba a la internación de cannabis en la región para su posterior dosificación y venta en la comuna de Puerto Aysén y sus alrededores".
La subsecretaria Nicole Cardoch era jefa de comunicaciones del ente austral cuando realizó la acción en la red social.
Parlamentarios, ex consejeros regionales y actuales integrantes del cuerpo colegiado entregaron antecedentes ante el fiscal regional y la Policía de Investigaciones.
El crimen ocurrió a inicios de mes, pero sólo quedó al descubierto el fin de semana, con el hallazgo del cuerpo.
La víctima y los victimarios bebieron juntos en las horas previas.
La víctima desapareció a principios de agosto, por lo que se presentó una denuncia por presunta desgracia el 6 de este mes.
El Juzgado de Garantía de Coyhaique amplió la detención de los sospechosos hasta el martes.
La transferencia había sido aprobada este año para que la ONG Procultura ejecutase un programa que debía beneficiar a 70 familias de la provincia de Capitán Prat.
La magistrada fue condenada a cuatro años de libertad vigilada en diciembre pasado.
Su cónyuge, padre del imputado por la Ley de Drogas, también fue condenado.
Dos menores de 12 años fueron trasladados a un centro asistencial con síntomas de intoxicación y arrojaron positivo en el test de drogas.
En su domicilio se incautaron medicamentos sujetos a control, como también dosis de marihuana.
