El programa "Política Indígena" de la Corporación Proyectamérica -think tank ligado a la Concertación y del que forma parte el senador PPD Ricardo Lagos Weber- publicó un documento llamado "Algunas condiciones para un diálogo efectivo con el pueblo mapuche".
La organización -que señala como objetivo "dar seguimiento a la política indígena del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, privilegiando un perfil analítico centrado en el seguimiento y fiscalización de la agenda pública en materia indígena"-, plantea una serie de propuestas ante el "clima de enervamiento social y gran tensión en la Región de la Araucanía" surgidos del ataque incendiario en el que murieron el empresario Werner Luchsinger y su esposa, Vivian MacKay, que califica de "condenable".
Ante el conflicto hoy "da la sensación que todo se reduce a dos opciones alternativas: los que están por el uso de la ley antiterrorista y los que se oponen a ella. Sin embargo esa disyuntiva no apunta al tema central de una ausencia de respuesta a la legítima demanda de los pueblos originarios y, en este caso, el mapuche".
"No basta reiterar nuestro rechazo al crimen de Vilcún y solicitar la más amplia investigación para dar con los autores y castigar esa acción injustificable, es necesario abordar, con decisión y voluntad política una solución a las demandas mapuche, superando la amenaza de aplicación de la ley anti terrorista, cacería de un enemigo difuso, incremento de un estado de militarización, implementación de estados de excepción, u otras versiones de aplicación de mano dura, que emanan desde el gobierno y el oficialismo ante la presión de grupos de agricultores y propietarios de la zona", dice Política Indígena.
A juicio de la entidad, se debe emprender un proceso de "diálogo real, efectivo, de buena fe y en igualdad de condiciones" que incorpore los siguientes contenidos:
Derechos políticos
- Participación en la discusión, formulación, ejecución y evaluación de leyes, políticas y programas que afecten su cultura, instituciones territorios y recursos.
- Reconocimiento de las instituciones e instancias organizativas propia de cada pueblo indígena.
- Elección de sus propios representantes en el parlamento en las regiones y en las municipalidades
Derechos Territoriales
- Dar paso al cumplimiento de la ley indígena que obliga al Estado a adquirir tierras para devolverlas a los indígenas, particularmente los saldos de compra pendientes de la administración Bachelet.
- Que las nuevas compras de tierras incorporen en ellas los correspondientes derechos de agua.
Derechos sobre los Recursos naturales
- Particularmente los que se encuentran en territorios y tierras indígenas, lo que incluye derecho a su propiedad, administración y beneficios
- Derecho a participar en beneficios sociales y económicos de las actividades productivas desarrolladas en tierras y territorios indígenas.
- Reconocimiento e incentivos a los inversionistas para que reconozcan este derecho en particular.
Derechos Culturales
- Reconocer la necesaria determinación de los pueblos indígenas sobre los contenidos educacionales y de formación de sus miembros.
- Creación de academias de lengua indígena.
- Validación del derecho consuetudinario del pueblo mapuche.
- Extensión y profundidad de la educación intercultural, en todos los niveles de aprendizaje.
- Recuperación y validación de la biodiversidad y de la medicina indígena.
- Proteger y recuperar el patrimonio histórico, arqueológico y cultural.
Creación de una nueva institucionalidad
- Que recoja las inquietudes más profundas de los pueblos indígenas en términos de concepción del desarrollo y su compatibilidad con las estrategias nacionales de desarrollo.
- Esta debe además generar políticas multisectoriales y de coordinación a objeto de generar planes, programas e instrumentos que articulen eficientemente la labor del Estado en relación a los pueblos indígenas.
- Esta debe tener el más alto rango dentro de las instituciones del Estado.
"Avanzando en esa perspectiva se entregará una señal efectiva de la voluntad de superar gradualmente el saldo de la gran deuda del Estado con los pueblos originarios y que está en la base del desentendimiento, violencia y enfrentamientos que todos dicen lamentar", señala el documento.
"El pueblo mapuche tiene el derecho a desconfiar, a movilizarse y demandar. Tiene el derecho elemental a no creer cuando las instituciones de la sociedad chilena prometen soluciones, no cumplen y acrecientan una discriminación histórica, tan prolongada como injusta", culmina el documento, firmado por José Vargas Niello, director de Programa Política Indígena.