Funcionario PDI fue formalizado por abuso contra particulares: Víctima denunció amenazas

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| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Le dijeron que "si no guardaba silencio, 'iba a ser cargado'", dijo la abogada del afectado, que presentó una querella tras ser detenido injustamente.

Funcionario PDI fue formalizado por abuso contra particulares: Víctima denunció amenazas
 ATON (Referencial)

El Juzgado de Garantía de Lota dictó prohibición de acercarse a la víctima por parte de quien lideró el operativo de la PDI.

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Un funcionario de la PDI fue formalizado por delito de abuso contra particulares, por haber supuestamente amenazado y amedrentado a una persona tras un operativo policial en la Región del Biobío.

El hecho se originó en 2017, cuando detectives concurrieron a un llamado por presunto robo de madera en la localidad de Colcura, en la comuna de Lota. Al llegar al lugar indicado, se encontraron con personas que señalaron estar trabajando y les mostraron contratos que acreditaban la prestación de servicios para la empresa Fepasa. Sin embargo, eso no fue suficiente y fueron detenidos.

Posteriormente la Fiscalía dijo que no iba a perseverar en la investigación y la víctima decidió querellarse. Tras ello, afirma que fue amedrentada por los funcionarios policiales involucrados.

"SI NO GUARDABA SILENCIO, IBA A SER 'CARGADO'"

"Mi representado interpuso una querella criminal contra quien resulte responsable por abuso en contra de particulares, toda vez que en ese procedimiento fue amedrentado, amenazado y se le detuvo de manera irregular", explicó la abogada querellante, Karen Fernández.

"Lo amenazaron incluso de que si no guardaba silencio, 'iba a ser cargado', que es la jerga criminal que refiere a personas detenidas que van a ser imputadas por un delito del cual no han tenido participación. Ésa fue, principalmente, la amenaza que realizan funcionarios de la PDI", agregó la letrada.

La víctima, Julio Herrera, quedó conforme con la decisión del Juzgado de Garantía de Lota, que decretó la prohibición de acercarse a la víctima por parte de quien lideraba el operativo de la PDI. Asimismo, el Tribunal otorgó 60 días como plazo para la investigación.

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