El canciller del país altiplánico afirmó que su Gobierno aspira "a revertir" la cesión a privados del puerto de Arica o "al menos" a garantizar "el libre tránsito" de sus mercancías.
Una misión gubernamental de Bolivia viajará el jueves 7 de octubre a la ciudad de Arica, en la Primera Región, para discutir con sus pares de Chile la legalidad de la concesión a privados del puerto marítimo de esa ciudad, informó el ministro de Relaciones Exteriores boliviano, Juan Ignacio Siles.
El canciller dijo a los periodistas en La Paz que "la posición fundamental (de Bolivia) será la de poner en cuestionamiento la concesión del puerto", antes que las tarifas impuestas por el Consorcio del Puerto de Arica (CPA), que opera la terminal desde el viernes 1 y que está compuesto por capitales chilenos y peruanos.
"Aspiramos a revertir la concesión. Efectivamente esa será nuestra exigencia y, si no, al menos que se den las condiciones para que Bolivia pueda ejercer el libre tránsito de manera adecuada", anotó.
El Ejecutivo boliviano sostiene que el paso a manos privadas de Arica vulnera el Tratado de Paz y Amistad firmado en 1904 para definir las fronteras entre ambos países tras la Guerra del Pacífico (1879).
El anuncio de Siles se produjo mientras una delegación del CPA se entrevistaba en La Paz con representantes del sector empresarial para presentar las nuevas condiciones de operación del puerto, según dijo el gerente general del grupo, Matías Lazo.
"La intención de este encuentro era venir a conocernos, presentarnos como consorcio y conocer a las cámaras", indicó el ejecutivo tras reunirse con los dirigentes de las cámaras nacionales de Comercio e Industria y de la Federación de Empresarios Privados de La Paz.
Lazo explicó que los costos de uso de la terminal publicados en la prensa, que anticipan un notable aumento sobre los actuales, "son tarifas máximas y son negociables en base a volumen, tipo de carga y tipo de servicio que se quiera".
"Preocupación" de empresarios bolivianos
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Guillermo Morales, manifestó que la posición de las patronales bolivianas es "de preocupación" por la "elevación de las tarifas de porteo, de carga, de estibaje, hasta un 300 por ciento", la subida máxima estipulada por el consorcio chileno-peruano.
Morales calificó el incremento tarifario de "afrenta a la inversión boliviana" y subrayó que las tarifas presentadas por los visitantes no han sido aceptadas "de ninguna manera".
Lamentó asimismo "la falta de seguridad jurídica" en territorio chileno, además de mostrar su inquietud por los "efectos sociales" que pueden tener los cambios, ante un previsible aumento de precios de los productos de importación en el interior de Bolivia.
Por eso, reiteró el interés del empresariado boliviano por buscar alternativas en la costa de Perú, como por ejemplo el puerto de Matarani, aunque se quejó de que los socios de estas instalaciones del sur peruano sean los mismos que los de Arica.
"En consecuencia ellos están trabajando bajo el aparente síntoma de competencia, pero concurramos en que existe un oligopolio en puertos", denunció.
Marco Llona, el representante en Bolivia del Grupo Romero de Perú, que posee el 20 por ciento del puerto de Arica y es a la vez el único operador de Matarani, negó este punto, al señalar que "se ha creado un fantasma" sobre esta cuestión.
"Al contrario, tenemos la mejor voluntad y, si es necesario hacer algún ajuste para que sea más conveniente, la haremos", dijo después de participar en la reunión como parte de la misión del CPA.
El Consorcio Portuario de Arica está integrado por Inversiones Cosmos (Grupo Ultramar), Empresas Navieras (Grupo Urenda) y Sudamericana Agencias Aéreas y Marítimas (Grupo Sudamericana), de Chile, además de Ransa Comercial (Grupo Romero), de Perú, quienes gestionarán la terminal por un plazo de 20 años. (EFE)
