La Federación Palestina de Chile, junto a un grupo de ciudadanos chileno-palestinos y palestinos, presentó esta mañana una querella por crímenes de guerra y lesa humanidad contra tres jueces de la Corte Suprema de Israel, debido a la confiscación de tierras, bienes e instalaciones pertenecientes a habitantes de la zona palestina de Cremisán, y a la Iglesia Católica y Monasterio de dicha localidad.
La acción judicial, respaldada por los diputados UDI Felipe de Mussy y Sergio Gahona y el alcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC), quienes acompañaron a los querellantes, fue presentada en el Quinto Juzgado de Garantía de Santiago, con la finalidad de conseguir protección de los tribunales chilenos, luego de haber agotado todas las instancias en la justicia israelí.
Además, la iniciativa pretente defender los derechos de los ciudadanos de origen palestino que viven en Chile y los de todos los palestinos que no cuentan con la posibilidad de acudir a un tribunal imparcial, luego de la anexión ilegal de territorios por parte de Israel en el valle de Cremisán, ciudad de Beit Jala, Palestina.
"Gran parte de la Comunidad Palestina que representamos tienen terrenos en el Valle del Cremisán que hoy está siendo confiscado por Israel. Presentar una querella es lo mínimo que se puede hacer cuando te quitan tus derechos y ocupan la tierra de tus padres, abuelos y antepasados", dijo Anuar Majluf, abogado y Director Ejecutivo de la Federación Palestina de Chile.
"Lo que buscamos es que la Justicia de Chile ampare a las víctimas de estos crímenes porque en Palestina no hay forma de conseguirlo al encontrarse bajo ocupación de Israel, una ocupación que los querellados -los jueces de la Corte Suprema de Israel- amparan y revisten de falsas apariencias de legalidad", añadió Majluf.
Esta acción se puede realizar en Chile gracias a la promulgación en 2009 del Estatuto de Roma, tratado por el cual nuestro país se adhirió a la Corte Penal Internacional y por lo tanto a la voluntad política universal de perseguir los crímenes de lesa humanidad, de manera efectiva y eficiente. En este caso, además, existen víctimas chilenas que actúan como querellantes.
La acción es patrocinada por el destacado abogado español Gonzalo Boye y el abogado nacional Nicolás Pavez, este último explicó que "parte fundamental de la ocupación que ejecuta Israel sobre territorio Palestino, y la consecuente anexión de territorio, se ha realizado con la participación activa no solo de las autoridades políticas y militares sino, también y especialmente, con la de las autoridades judiciales israelíes que son, en definitiva, quienes dan el aparente sustento o amparo legal a actos que, a ojos vista del Derecho Internacional, resultan constitutivas de crímenes de guerra y lesa humanidad".
"Chile es un lugar donde se puede ejercer la jurisdicción universal y como tal concurrimos a favor de una ciudadana chileno palestina, a favor de la Federación Palestina de Chile, y asimismo de un ciudadano palestino, en consideración de un crimen de guerra, como la construcción de un muro ilegal que ha separado parte del territorio palestino y la Corte Suprema de Israel abiertamente ha desoido las peticiones de nuestros representantes y creemos que abiertamente ellos ya no actúan como magistrados, sino que actúan en una acción ilegal, en un acción arbitraria", añadió el jurista.
Una visión diferentes tiene en la Comunidad Judía en Chile, pues para ellos el conflicto palestino-israelí le concierne solo a estas dos naciones.
