"Sendero Luminoso todavía tiene algunos remanentes, más bien de corte diplomático", señaló el presidente electo de Perú sobre los refugiados que buscan juzgarlo en Chile.
El presidente electo de Perú, Alan García, sostuvo que las acusaciones vertidas en su contra en Chile por presuntas violaciones de los derechos humanos durante su primer mandato (1985-1990), y materializadas en una querella criminal, provienen de "terroristas".
En Quito, el líder del Partido Aprista del Perú señaló que "creo que (las acusaciones) provienen de senderistas, de terroristas que han encontrado un refugio, tal vez demasiado generoso, en Chile para sustraerse a la pena que corresponde a sus delitos".
Tras reunirse con el presidente ecuatoriano, Alfredo Palacio, García ahregó que el movimiento subversivo "Sendero Luminoso todavía tiene algunos remanentes, más bien de corte diplomático, como esos grupos que hay en Chile, que presentan ante un juzgado cualquier acusación".
El futuro presidente de Perú recordó que desde 2001 ha sido investigado por 14 fiscales "y en las 14 ocasiones, todo tipo de acusación ha sido archivada".
"Jamás se ha encontrado ninguna prueba ni evidencia ni motivación por la cual pudiera tener complicación en ningún crimen", añadió García, quien el próximo 28 de julio comenzará su segundo mandato como presidente de Perú.
García también defendió su pasada gestión y aseguró que encabezó "un gobierno democrático, elegido por el pueblo, que entregó el mando a su sucesor democráticamente elegido. El gobierno 1985-1990 en Perú no fue una dictadura, no se encaramó al poder ni entró por la ventana", subrayó.
Por ello, recalcó que su administración "representaba al pueblo y defendía al pueblo de la agresión tremenda del grupo más genocida y criminal que ha conocido América Latina en el siglo XX".
"Creo que es simplemente el deseo, tal vez impulsado por alguna mano continental, de enlodar y de detener las posibilidades de un gobierno democrático", concluyó García.
El lunes 3 de julio Romy Rutherford, del Segundo Juzgado del Crimen de Santiago, admitió a trámite la demanda contra García, presentada el 22 de junio por los abogados chilenos Hugo Gutiérrez y Roberto Avila, en representación de los peruanos Raúl Paiva y Rodolfo Noriega, dirigentes del Comité de Refugiados de Perú en Chile.
La demanda está relacionada con las matanzas de presos pertenecientes a Sendero Luminoso y a otros grupos, ocurridas el 19 de junio de 1986 en las cárceles de El Frontón, San Juan de Lurigancho y Santa Bárbara, donde los reclusos se amotinaron para evitar ser trasladados a la prisión de alta seguridad de Canto Grande.
Según el querellante Paiva, en esas cárceles se llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y torturas, y el gobierno de Alan García se negó a dialogar con los reclusos. (EFE)
