Libelo presentado en Santiago por dos refugiados peruanos pasó a trámite, por lo que abogados querellantes ya pidieron diligencias, entre ellas la declaración del presidente electo del vecino país.
En una inesperada resolución, la Justicia acogió la querella por delitos de lesa humanidad en la década de 1980 que presentaron en Santiago refugiados peruanos contra el presidente electo de su país, Alan García, quien visitó Chile la semana pasada.
La decisión fue adoptada por la titular del Segundo Juzgado del Crimen de Santiago, Romy Rutherford, tal como confirmó uno de los abogados que patrocinó el libelo, Hugo Gutiérrez.
Rutherford "acogió a tramitación la querella en contra del presidente electo de Perú, Alan García, por considerar que efectivamente los delitos que pusimos en su conocimiento, que denunciamos, eran delitos contra la humanidad y ameritaban ser investigados, por cuanto Chile también frente a esos delitos tiene jurisdicción", dijo el profesional.
Consultado por la repercusión de la medida, Gutiérrez dijo que "valoramos de manera significativa esta resolución, que abre un camino muy interesante para juzgar a un violador de derechos humanos como Alan García".
Como el caso está bajo el antiguo sistema penal, ahora la causa ingresa al estado de sumario secreto, ante lo cual querellantes ya pidieron varias diligencias, entre ellas la declaración del García.
El líder del Partido Aprista de Perú afirmó la semana pasada, durante su visita a Chile, que la querella en su contra era un tema de personas "mal informadas".
Opositores a Alan García le atribuyen responsabilidad en violaciones a los derechos humanos cometidas durante su primer mandato, que se extendió entre 1985 y 1990.
La querella contra García fue presentada el 22 de junio por Raúl Paiva y Rodolfo Noriega, dirigentes del Comité de Refugiados de Perú en Chile.
La demanda se refiere a las matanzas de presos pertenecientes a Sendero Luminoso y a otros grupos subversivo del 19 de junio de 1986, en las cárceles de El Frontón, San Juan de Lurigancho y Santa Bárbara, donde los reclusos se amotinaron para evitar ser trasladados a la prisión de alta seguridad de Canto Grande.
Según Paiva, en esas cárceles se llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y torturas durante un motín en 1988 y el gobierno de Alan García se negó a dialogar con los reclusos.
En la cárcel de El Frontón el levantamiento fue sofocado por infantes de Marina, que asaltaron el recinto y se enfrentaron con los presos, con un saldo de 119 internos muertos, según el refugiado.
En los hechos, murieron tres soldados y otros 20 resultaron heridos.
En los escritos, los demandantes agregaron que muchos de los reclusos que murieron fueron ejecutados después de rendirse y que otros fueron torturados y algunos desaparecieron. (Cooperativa.cl/EFE)
