El abogado Hugo Gutiérrez se mostró confiado en que cumplirán los requisitos fijados por la jueza Rutherford y el presidente electo del vecino país "va a ser juzgado en Chile".
En un plazo de 30 días, abogados querellantes deberán probar que el presidente electo de Perú, Alan García, no es juzgado en su país por los crímenes de lesa humanidad que se le atribuyen, para así permitir que se inicie la investigación respectiva en Chile.
Así lo determinó la titular del Segundo Juzgado del Crimen de Santiago, Romy Rutherford, quien el pasado lunes acogió a tramitación la acción legal presentada por dos refugiados limeños ante los tribunales, con motivo de la visita -la semana pasada- que hizo al país el líder del Partido Aprista del Perú.
"Creo que éste es un hecho altamente valorable para la jurisdicción chilena y tenemos que aprovecharlo al máximo, en términos de acreditar durante este plazo que se nos ha conferido que en el Perú no hay juicio contra Alan García por los hecho que hemos denunciado", comentó el abogado Hugo Gutiérrez, uno de los patrocinantes del libelo.
El jurista se mostró confiado en que la solicitud de Rutherford será satisfecha, porque "estamos en condiciones de poder probarlo" y por ello, sentenció, García "va a ser juzgado en Chile".
Aunque en cierta medida la decisión judicial retrasa el inicio de la etapa de sumario, pues el caso se verá bajo el antiguo sistema procesal, por la fecha de los delitos denunciados, Gutiérrez explicó que ya confeccionan la lista de testigos que presentarán contra quien presidió Perú entre 1985 y 1990.
La querella contra García fue presentada el 22 de junio por Raúl Paiva y Rodolfo Noriega, dirigentes del Comité de Refugiados de Perú en Chile.
La demanda se refiere a las matanzas de presos pertenecientes a Sendero Luminoso y a otros grupos subversivos del 19 de junio de 1986, en las cárceles de El Frontón, San Juan de Lurigancho y Santa Bárbara, donde los reclusos se amotinaron para evitar ser trasladados a la prisión de alta seguridad de Canto Grande.
Según Paiva, en esas cárceles se llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y torturas durante un motín en 1988 y el gobierno de Alan García se negó a dialogar con los reclusos.
En la cárcel de El Frontón el levantamiento fue sofocado por infantes de Marina, que asaltaron el recinto y se enfrentaron con los presos, con un saldo de 119 internos muertos, según el refugiado.
En los hechos, murieron tres soldados y otros 20 resultaron heridos.
En los escritos, los demandantes agregaron que muchos de los reclusos que murieron fueron ejecutados después de rendirse y que otros fueron torturados y algunos desaparecieron. (Cooperativa.cl)
