La organización llamó al Congreso a legislar para eliminar esta prerrogativa, que "jamás se debió permitir".
"El problema de fondo no está en los protocolos", dijo Claudia Dides.
La Corporación por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Miles) criticó el nuevo protocolo del Ministerio de Salud para la ley de aborto en tres causales, que permite a las clínicas privadas ser objetoras de conciencia institucionales y, a la vez, mantener contratos con el Estado.
La directora de Miles, Claudia Dides, dijo que, "sea cual sea el protocolo que la regule", la objeción de conciencia institucional "siempre afectará a las mujeres, quienes, en vez de recibir atención oportuna, serán derivadas a otros recintos".
"Con la objeción institucional de conciencia las creencias y religiones se ponen sobre el derecho a la salud, lo cual es impresentable", afirmó la activista, subrayando que éste es el verdadero problema de fondo.
"Llamamos a todos los sectores políticos, en especial a los que se declaran progresistas -que se piensa son mayoría en el Congreso Nacional- a solucionar este problema de raíz, presentando un proyecto de reforma a la ley de aborto que elimine la objeción institucional de conciencia. Sólo ello terminará con cualquier arbitrariedad y redacciones e interpretaciones antojadizas de los protocolos que regulen esta norma", agregó Dides.
Cabe recordar que la discusión parlamentaria de la ley de aborto en tres causales incluyó la objeción de conciencia sólo para los médicos, pero en el Tribunal Constitucional se amplió a las instituciones, como pedía la Universidad Católica.
El Gobierno justificó la redacción del nuevo protocolo apuntando a las "diversas interpretaciones jurídicas" que abría el anterior, y que obligaban a "mejorarlo para mayor claridad".
"El Ministerio y las políticas de salud de este Gobierno están centradas en lo que favorece a los enfermos, de tal forma que bajo ninguna circunstancia y en ningún momento se va a aplicar ningún tipo de disposición, protocolo ni reglamento que vulnere este principio rector de nuestro quehacer", dijo hoy, frente a las críticas, el ministro Emilio Santelices, y agregó que el Ejecutivo no ha operado para favorecer a ninguna "institución en particular".
