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Ministro García destacó que promulgación del AUGE es una avance en "seguridad social"

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Autor: Cooperativa.cl

El titular de Salud recalcó que la principal reforma al sector, firmada el miércoles por el Presidente Lagos, es un beneficio que alcanza a todos los chilenos.

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Pedro García destacó que el plan de Acceso Universal con Garantías (AUGE) de Salud significará un avance "significativo" en la seguridad social de nuestro país, al cubrir asegurar la atención oportuna de las necesidades médicas de toda la población, independientemente de su condición económica.

 

El ministro de Salud recalcó que dos de los aspectos más relevantes del Régimen de Garantías corresponde al sistema de copago y la reducción en los tiempos de espera para la atención de alguna de las 17 enfermedades que, por ahora, están incluidas en el plan.

 

Respecto al copago, García explicó que "aquellas personas que son Fonasa A y B, que son las de menores ingresos en Chile no tienen que pagar nada. Y aquellos que tienen Fonasa C, D o son de isapre tienen un copago de 20 por ciento. Pero ese 20 por ciento igual puede ser una cifra elevada y ante esa siuación existe una cobertura adicional que hace que la persona, sea quien sea, paga como máximo dos sueldos anuales, sea cual sea la enfermedad que tenga y el costo que tenga".

 

"Creemos que con esto se está haciendo un avance significativo en términos de seguridad social", recalcó.

 

En cuanto a los tiempos máximos de espera, indicó que ya se está colocando "en todos los consultorios, en todos los hospitales, en todas las oficinas de Fonasa unas lámina con las 17 patologías que están en pilotajes para que las personas sepan cuáles son y cuáles son los tiempos que van a tener que esperar".

 

Consultado respecto al fracaso de uno de los puntos centrales de la reforma a la salud, consistente en el Fondo de Compensación, que fue rechazado por la derecha durante su discusión parlamentaria, García indicó que era una siuación lamentable, pero que no ponía en riesgo la cobertura de salud de la ciudadanía.

 

"Era una cantidad de dinero de unos 15 mil millones de pesos que podrían haber migrado desde las isapre a Fonasa. Pero también, digámoslo claramente, una vez que se hubiesen estabilizado los riesgos sanitarios en uno y otro ámbito, público y privado, tal vez ese flujo no habría sido de tanto dinero", indicó.

 

"Lo más importante aquí era el concepto de consagrar la solidaridad, de consagrar que los que tenemos mejor estado sanitario y que en general tenemos mejores recursos podemos colaborar con los que tienen menos estado sanitario, y que por lo general son las personas más envejecidas. Y la vejez también se asocia a mayor pobreza", indicó, añadiendo que "lamentablemente no hubo consenso por parte de partidos de la oposición".

 

A principios de mayo pasado, el Gobierno debió eliminar el fondo del proyecto debido a que la oposición de la Alianza entrampaba el avance de la reforma en su conjunto.

 

El fondo establecía una prima universal que se obtendría del siete por ciento de la cotización previsional de cada persona. El monto total debía ser distribuido entre quienes estuvieran en mayor riesgo sanitario: menores de dos años, mujeres en edad fértil y mayores de 65 años.

 

Sin embargo, recordó que el Gobierno tiene planteado reponer el Fondo en la discusión de la nueva Ley de Isapre, otro de los proyectos fundamentales dentro de la reforma a la salud que impulsa el Gobierno de Ricardo Lagos.

 

El Plan de Acceso Universal de Garantías Explícitas (AUGE) establece una serie de atenciones prioritarias a las que podrán acceder todas las personas, el costo que deberán pagar por ellas y los tiempos máximos de espera.

 

Las normas transitorias de la nueva normativa señalan que, a contar del 1 de abril de 2005, el régimen de garantías en salud se aplicará a un máximo de 25 patologías. En tanto, el 1 de abril de 2006 se sumarán otras 15 para totalizar 40 enfermedades, y un año después el régimen garantizará la atención de 56 afecciones de salud.

 

El texto legal incorpora también disposiciones sobre la responsabilidad en materia sanitaria. En ellas se puntualiza que los órganos de la administración del Estado "serán responsables de los daños que causen a particulares por falta de servicio".

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