El Gobierno ingresó sus indicaciones al proyecto de ley para que las isapres cumplan un fallo de la Corte Suprema de noviembre de 2022 que las obligó a aplicar en forma retroactiva cobros en excesos a sus afiliados.
El Ejecutivo, que lleva 11 meses buscando una solución, lo hizo el día que se cumple el plazo que acordó con el Senado.
"Estamos tratando de actuar con justicia y con sentido de responsabilidad", dijo la ministra vocera, Camila Vallejo, en una rueda de prensa en La Moneda en compañía de la titular de Salud, Ximena Aguilera, y su par de Justicia, Luis Cordero.
La portavoz declaró que las indicaciones "mantienen un espíritu central: cumplir el fallo, asegurar las prestaciones de salud de los usuarios, fortalecer Fonasa".
"Queremos evitar cualquier tipo de corralito y por eso las indicaciones también se hacen cargo de aquello. Así que a los usuarios que por A, B o C motivo necesitan trasladarse del sistema de isapres a Fonasa, la deuda se les va a tener que pagar igual. Si trasladan de una isapre a otra también. Y garantizar, evidentemente, que en el plazo de devolución de los excedentes cobrados, para quienes correspondan, las isapres no podrán retirar utilidades", detalló Vallejo.
GOBIERNO NO DEFINE MONTO
A comienzos de octubre, el Comité Técnico de la Comisión de Salud del Senado entregó un informe con una serie de propuestas que permitirían que las isapres cumplan el fallo de la Suprema, a la vez que puedan seguir existiendo.
En el texto, que no era vinculante, la instancia ad hoc fijó la deuda de las isapres en 451 millones de dólares -menos de un tercio de lo estimado originalmente por la Superintendencia de Pensiones- y recomendó que el sistema desembolse 45 millones de dólares anuales por 10 años para saldarla.
Al respecto, Aguilera sostuvo que en las indicaciones del Gobierno "no se define un monto, como no se definía en el proyecto original, pero sí se definen consideraciones que se deben tener para el cálculo de ese monto".
SE ACOGIÓ PROPUESTA QUE TERMINA CON LOS EXCEDENTES
La titular de Salud anunció, además, que en las indicaciones del Ejecutivo se acogió una propuesta presentada por el comité técnico que en la práctica terminaría con el concepto de excedentes en el sistema de isapres.
La medida, que busca para darle viabilidad al sistema, sugiere que ninguno de los afiliados puedan cotizar menos del 7%, por lo que no se generarían excedentes, los que surgen cuando la cotización legal obligatoria supera el valor del plan contratado por los usuarios.
"En ese sentido, se acoge la recomendación de la Comisión Técnica de considerar de que no deben haber planes por debajo del 7%. Esto, de alguna forma, reduce los montos que se habían hablado originalmente. Son otros conceptos que se están considerando", señaló Aguilera.
PRINCIPIO DE LA "MUTUALIZACIÓN"
Uno de los pilares de la propuesta de la mesa técnica era aplicar el principio de la mutualización de la deuda que, en definitiva, permitía aplicar solidaridad entre afiliados, con lo cual se bajaba en el monto global de la deuda. Sin embargo, en el estudio jurídico que hizo el Gobierno, se concluyó que aplicar dicha mutualización podría, de alguna manera, vulnerar el fallo de la Corte Suprema.
En esa línea, la ministra Aguilera agregó que "lo que no se consideró de la recomendación de la Comisión Técnica es el efecto de mutualización" por "razones eminentemente jurídicas".
"El Ejecutivo, considerando el informe de los expertos, ha excluido la mutualización como se ha recomendado, y la razón es estrictamente jurídica. Tal como señala el fallo principal en la tabla de factores, existen obligaciones con los usuarios, a los cuales es beneficiaria la sentencia y en consecuencia, los efectos de mutualización lo que podrían provocar es el incumplimiento de la sentencia", explicó, por su parte, el titular de Justicia, Luis Cordero.
El proyecto además incluye la posibilidad de que las isapres presenten una propuesta o solicitud fundada de alza de precio base para cubrir las prestaciones, para responder a lo sentenciado por la Suprema en agosto pasado, que obliga a dejar sin efecto el aumento y ajustar la prima GES.
REACCIÓN DEL SENADO
"El Gobierno ha lesionado las confianzas que habíamos depositado en ellos", replicó ante las modificaciones Sergio Gahona (UDI), de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, y acotó que "esperábamos que las indicaciones que presentara fueran en línea con lo sugerido por la comisión técnica transversal que se impulsó desde el Senado, pero lamentablemente, decidió acogerlas en forma reducida".
A su juicio, con estas propuestas "volvemos al punto de partida, en que se arriesga la subsistencia de un sistema mixto de salud y la certeza de más de 3 millones de afiliados. Por esto, cualquier impacto que tenga (la norma) en los afiliados es de su exclusiva responsabilidad".
En tanto, su par de la DC Iván Flores valoró que "estos 10 años de plazo son muy superiores a lo que el Ministerio de Salud originalmente dijo, que eran tres años".
"Como sea, que devuelvan la plata que cobraron mal a la gente y que se termine esta incertidumbre, de que si las isapres caen, se levantan o se mantienen, pero sin abusos", remató.
