Por medio de un comunicado oficial las autoridades calificaron de "ilegal e injustificada" la paralización de funciones.
Añadieron que los trabajadores reclaman el cumplimiento de un acuerdo que "el Gobierno jamás ha realizado".
El paro de funcionarios del Registro Civil ya se extiende por 15 días.
Como una movilización "ilegal e injustificada" calificó el Gobierno el paro de funcionarios del Registro Civil que ya suma 15 días.
Por medio de un comunicado oficial de cinco puntos, firmado por el Gobierno de Chile, las autoridades manifestaron su rechazo a la paralización y detallaron las medidas que se tomarán ante la misma.
De acuerdo al documento, la paralización "es ilegal e injustificada y se fundamenta en supuestos compromisos que las autoridades del Gobierno jamás han realizado".
"Los funcionarios exigen una nueva bonificación que en el contexto actual resulta imposible de satisfacer, considerando que los trabajadores del servicio han tenido un incremento de sus remuneraciones de más de un 50 por ciento real en los últimos siete años", se agrega.
Añade que la bonificación "se plantea cuando se tiene vigente un acuerdo firmado el 5 de agosto del año 2014 por los dirigentes que hoy encabezan la movilización, donde se señala de manera explícita que 'con este acuerdo quedan resueltos completamente los temas económicos planteados por ANERCICH, y una vez que se materialicen los aumentos de grados señalados en la cláusula tercera, se tendrán por cumplidos íntegramente los acuerdos de este protocolo'".
Por esta razón "se ha instruido a las autoridades del Servicio a iniciar los descuentos de remuneraciones de los trabajadores de la entidad que han dejado de cumplir sus tareas. Estos descuentos se comenzarán a ver reflejados en el pago del próximo 15 de octubre", remarcaron las autoridades.
Finalmente, en el documento se señala que "lamentablemente esta paralización ha sido utilizada por sectores interesados para cuestionar la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno" y que actualmente se discute en el Congreso.
Esta situación es calificada como "oportunismo que resulta inaceptable, considerando que la iniciativa en trámite tiene por objetivo dotar al país de organizaciones sindicales fuertes y responsables, fundamentales para el desarrollo del país en el largo plazo".
