Caso Tsunami: Estado deberá pagar 1.840 millones de pesos en indemnizaciones

La decisión fue confirmada por la Tercera Sala de la Corte Suprema.

Los familiares de las víctimas recibirán montos que van desde los siete millones y medio hasta los 30 millones de pesos.

ATON (Referencial)
Familias de Juan Fernández, San Antonio, Constitución, Talcahuano y Tomé recibirán la indemnización.

Familias de Juan Fernández, San Antonio, Constitución, Talcahuano y Tomé recibirán la indemnización.

La Tercera Sala de la Corte Suprema ordenó al Estado de Chile a indemnizar a 74 familiares de 21 víctimas del terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero de 2010.

Esta decisión ratificó el fallo del 22° Juzgado Civil de Santiago, que condenó al Estado a pagar 1.840 millones de pesos a las familias de casos ocurridos en Juan Fernández, San Antonio, Constitución, Talcahuano y Tomé.

Los montos que serán pagados a los afectados van desde los siete millones y medio hasta los 30 millones de pesos.

Entre los casos se encuentran tres niños de ocho años que fallecieron en Juan Fernández, incluido Joaquín Ortiz Fajardo, menor conocido como "El Puntito", y cuyo cuerpo aún se mantiene desaparecido.

El abogado de las víctimas, Alfredo Morgado, comentó que "la justicia ha sido precisa, clara, rotunda, unánime en torno a que la responsabilidad está relacionada con fallas en los protocolos, incumplimientos reglamentarios, incumplimiento de normas establecidas para la seguridad en un sistema de protección civil, tanto del SHOA como la Onemi, en definitiva, falla toda una institucionalidad".

En tanto, Luciano Fouillioux, abogado de la ex directora de la Onemi Carmen Fernández, sobreseída tras cumplir una salida alternativa, expresó que "no hubo responsabilidades personales de los funcionarios que fueron en algún momento formalizados en el área penal; sí hubo un colapso del Estado en general frente a uno de los hechos de la naturaleza más brutales que nos haya afectado y es probable que el Estado no hubiera estado suficientemente preparado para reaccionar de una manera distinta".

La Sala rechazó un recurso de casación interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado, que buscaba anular la millonaria multa.

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