La suma asciende a los 13.840.000 millones de pesos.
Los montos cuestionados afectan a la Junaeb, Mideplan, Onemi y a la Subdere.
El contralor Ramiro Mendoza, entregó el 18 de enero pasado los resultados del seguimiento del Proceso de Reconstrucción Nacional el resultado de las auditorías sobre los gastos usados por el Gobierno a raíz del terremoto, objetando 13.840 millones de pesos.
Ese
monto se desagrega en más de 7.985 millones de pesos destinados a raciones alimenticias (Junaeb), cerca de 5.351 millones en compras de mediaguas (Onemi-Interior), 324 millones para crear el Registro de Emergencia en Zonas de Catástrofes (Mideplan) y 180 millones para despejar escombros en la zona costera del Maule (Subdere).
Según entrega CiperChile, el informe de la Contraloría sobre Junaeb señal que "el 28 de abril del presente año rindió la suma de 9.055.779 millones de pesos, por gastos realizados hasta el 31 de marzo de 2010, siendo el ítem de alimentación el más importante, con un 88,18 por ciento, correspondiente a las raciones de alimentos compradas a las empresas concesionarias que participaron en la emergencia con la preparación y distribución de éstas".
El gasto en alimentación ascendió, según esa rendición de la Junaeb, a 7.985.716.635 pesos.
La auditoría estableció que el organismo no pudo acreditar que las cantidades solicitadas en las órdenes de compra a las empresas concesionarias fueron efectivamente entregadas a damnificados.
Aunque la repartición argumentó que no pudo ejercer controles por la situación de emergencia, la Contraloría desestimó esa explicación y en las conclusiones del informe indicó que "procederá a incoar (comenzar) un proceso disciplinario, con la finalidad de precisar las eventuales responsabilidades que de los hechos pudieran determinarse, en atención al volumen de recursos involucrado".
Compra de mediaguas
El subsecretario de Prevención del Delito, Cristóbal Lira, es uno de los afectados por la auditoría practicada a la Onemi, ya que también integra el Consejo Asesor que administra las donaciones que recibe el Fondo de Reconstrucción Nacional del Ministerio de Hacienda, era el jefe del Comité de Emergencia nombrado por la Presidencia de la República para coordinar la asistencia a los damnificados.
Contraloría indica que las compras derivadas de la emergencia debían ser determinadas en forma conjunta por la Onemi, el comité que dirigía Lira y la Jefatura de Administración y Finanzas de la Subsecretaría del Interior.
Sin embargo, la auditoría estableció que las compras realizadas por Onemi (que en el periodo examinado ascendieron a 10.503 millones) fueron determinadas exclusivamente por el comité de Lira y que no hay documentación que respalde la participación con poder de decisión de funcionarios de Onemi.
Mideplan y ficha única de emergencia
De acuerdo con la auditoría hecha por la Contraloría a los gastos de la Subsecretaría de Planificación , la preocupación que ha mostrado el ministro de Mideplan, Felipe Kast, en orden a focalizar correctamente los recursos destinados a planes sociales, contrasta con el rendimiento de los 324 millones de pesos que su cartera dispuso para el Programa de Registro de Emergencia en Zonas de Catástrofe.
En
el contexto del mencionado programa, Mideplan entregó los recursos a 150 municipalidades para que aplicaran la "Encuesta Ficha Única de Emergencia, EFU". Según el informe de los fiscalizadores, dicha encuesta tenía por objeto orientar a las autoridades en la resolución de las necesidades de los damnificados.
Al revisar la base de datos que resultó de la aplicación de la encuesta, los fiscalizadores determinaron que el 71 por ciento de los registros obtenidos no tenían información acerca de las soluciones de emergencia que requerían las familias. Del total de 274.484 fichas ingresadas (correspondientes a 802.785 personas afectadas), 195.022 estaban en esta situación (573.180 personas).
Subdere: gastos no aprobados por Interior
El informe de la auditoría realizada a la Subsecretaría de Desarrollo Regional del Ministerio del Interior (Subdere), indica que se revisó la totalidad de las transferencias efectuadas por dicha cartera para enfrentar la emergencia, las que ascienden a 412.518.038 pesos.
Con este dinero se financió la compra de generadores eléctricos, motobombas, contenedores para ser usados como bodegas u oficinas de emergencia, flete de contenedores, arriendo de maquinaria para despejar escombros, herramientas para facilitar el despeje y fletes en general. Todo ese significó un desembolso de 395.493.039 pesos.
Respecto al despeje de escombros, la Contraloría detectó que la Subdere contrató por trato directo a la empresa Ruiz y Blanco Limitada para el arriendo de maquinaria. El acuerdo consistía en que la empresa trabajaría para tres municipios de la zona costera del Maule: Pelluhue, Chanco y Constitución. El servicio incluía operadores, alimentación, hospedaje, combustible y traslado de maquinaria.
El 2 de marzo el contrato se estimó en la suma de 108.723.000 pesos, para contar con ocho camiones tolva, dos retroexcavadoras, una motoniveladora, dos excavadoras, gastos operacionales y fletes.
Pero el 6 de marzo se amplió la suma en otros 71.526.301 pesos, según consta en la "orden de compra urgencia-007", debido a que se requerían más horas de trabajo en terreno que lo previsto al inicio. Finalmente, bajo la orden de compra Nº 761-404-SE10 se dio cuenta del valor total de la contratación: 180.249.301 pesos.
El examinar los antecedentes del contrato, la Contraloría interpretó que la empresa debía trabajar 450 horas en cada municipio: "La Subdere (...) contrató mediante trato directo a la empresa Ruiz y Blanco Ltda. el arrendamiento de maquinaria y ejecución de obras de despeje, consistentes en 450 horas de trabajo por municipio".
No obstante, al examinar los certificados emitidos por los tres municipios, constató que en Pelluhue se trabajaron 100 horas, en Chanco 200 y en Constitución 250: "Dejando de manifiesto el incumplimiento de lo contratado por falta de control", dice el informe.
