Fallo obliga al Estado a pagar 1.840 millones de pesos a 74 familiares de 20 víctimas de la tragedia.
El fallo confirmó la sentencia del 22° Juzgado Civil.
La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia dictada por el 22° Juzgado Civil que condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de 1.840 millones de pesos a 74 familiares de 20 víctimas del tsunami que afectó el 27 de febrero de 2010 a la zona centro sur del país.
En fallo unánime, la 12ª Sala del tribunal de alzada -integrada por los ministros Alfredo Pfeiffer, Fernando Carreño y Patricia González- confirmó la sentencia recurrida que condenó al Fisco a pagar entre 7,5 y 30 millones de pesos a familiares de fallecidos y a quienes resultaron con lesiones en Juan Fernández, San Antonio, Constitución, Talcahuano y Tomé.
La sentencia del tribunal descartó infracción de ley en el fallo dictado por el juez Pedro García, que en abril del año pasado estableció la responsabilidad de la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior (Onemi) y del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) por falta de servicio durante la emergencia.
"Que si bien es efectivo que, en general, cualquiera persona, atendido al sismo previo al tsunami, pudiera no haber reaccionado en la forma que correspondía frente a la eventualidad de un maremoto, no es menos cierto que, al contrario de lo que señala la parte demandada, ello no resulta aplicable a las autoridades que ostentaban cargos que les imponían precisamente la obligación de adoptar las medidas necesarias para evitar o al menos paliar las consecuencias de este tipo de fenómenos naturales", sostiene el fallo.
La resolución agrega que "la falta de servicio de parte de las referidas autoridades aparece debidamente acreditada con las probanzas que en cada caso se señala".
Abogada destaca relevancia del fallo
La abogada demandante Olga Prieto destacó la relevancia de este fallo, pese a que habían solicitado un aumento del monto por el daño moral provocado, lo que no fue acogido por el tribunal de alzada.
"En el fallo se establece claramente la falta de servicio de ambas instituciones (Onemi y SHOA) y la relación de causalidad entre los daños que se le atribuyen al actuar de estos organismos y las consecuencias que tuvo en la vida de los demandantes, la mayoría son familiares de personas que fallecieron como consecuencia de esta falta de servicio", dijo la jurista.
"Una de las demandantes es una mujer que sufrió daños personales además, perdió un hijo en gestación como consecuencia de estos hechos", añadió.
Una de las víctimas de Juan Fernández fue la bióloga marina Paula Ayerdi. Su padre, Andrés Ayerdi, dijo que lo aún esperan es que la Presidenta Michelle Bachelet pida perdón por su actuar.
"Esta indemnización para todos los deudos de las muertes que produjo el tsunami equivale como a 1,2 millones de pesos por familia. Si hay cuatro demandantes, se divide por cuatro entonces no es millonaria", aseveró.
"Esto es una chacota, una nueva chacota del Gobierno. Los verdaderos responsables, que no han dado la cara ni han pedido perdón son la señora Bachelet en primer lugar, el comandante en jefe de la Armada (Edmundo González), que ya se retiró y tiene un buen puesto en este Gobierno. Lo más grave es que los culpables aún siguen sin pedir perdón", manifestó.
Ahora, el Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco, tiene 15 días hábiles para recurrir a la Corte Suprema para insistir en que se anule la millonaria indemnización.
