Tras aprobarse la suspensión condicional del procedimiento para los seis acusados por la fallida alerta de tsunami del 27 de febrero de 2010, la ex directora de la Onemi Carmen Fernández pidió disculpas por lo que ocurrió esa madrugada y aseguró que vive con un dolor que no se puede comparar con el que sufren las familias de las víctimas.
Ante el Séptimo Juzgado de Garantía, Fernández declaró que "profundamente lamento lo ocurrido con varios compatriotas que perdieron sus vidas aquella fatídica madrugada, yo creo haber realizado absolutamente todos los esfuerzos humanos y funcionarios para ir en ayuda y protección de la población, como siempre antes actué".
"Hasta hoy, por muchas razones, vivo esta pesadilla con dolor e impotencia como ustedes no se imaginan", añadió la autoridad.
"Pero estoy cierta que esto jamás podrá compararse con el dolor de los familiares de las víctimas fatales, a quienes, sin complejo alguno, doy mi acompañamiento, pidiendo a todos ellos que sean acogidas estas palabras como gesto honesto de quien jamás quiso un resultado dañino de ninguna naturaleza a las personas", agregó.
Vocero de la precariedad del Estado
Mientras que el subsecretario del Interior del primer Gobierno de Michelle Bachelet, Patricio Rosende, sostuvo que fue vocero de la precariedad del Estado y pidió disculpas por todos los errores que se cometieron en esa instancia.
"No haber podido hacerlo me ha provocado, en lo personal, un profundo dolor y frustración y, por eso, lamento como el que más las pérdidas de vidas que no pudimos salvar y el sufrimiento de las familias", dijo ante el Tribunal.
Rosende añadió que "la tristeza por las consecuencias de esta catástrofe que cambió la vida de todos son imborrables y el dolor me acompañará por siempre".
"Fui vocero de la precariedad del Estado y desde el primer día he asumido las consecuencias del rol que me correspondió desempeñar en la Onemi, si alguna de mis acciones de aquella noche contribuyeron, de alguna forma, a que se cometiera algún error lo lamento sinceramente y pido las disculpas por aquello", concluyó.
Además de Rosende y Fernández, el caso involucra al ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la Onemi Johaziel Jamett; y los marinos del SHOA Andrés Henríquez, Mariano Rojas y Mario Andina.
Los acusados, ante el Tribunal, dieron cuenta de la vulnerabilidad del país para enfrentar la tragedia del 27-F, pero que se sacaron aprendizajes para cometer los mismos errores en un hecho similar.
Rojas, ex director del SHOA, aseguró que "en todo momento intenté tomar las mejores decisiones con los datos y el apoyo técnico disponible, teniendo únicamente en cuenta lo que fuera mejor para la ciudadanía. Puedo afirmar que en nuestra actuación hubo aciertos, pero también desaciertos".
"En medio de la confusión, quienes tuvimos que tomar decisiones ese día, sea a nivel local o a nivel nacional, no pudimos comprender lo que realmente estaba ocurriendo. En lo que atañe al SHOA, asumí desde el primer día mi responsabilidad de mando", indicó ante el Tribunal.
Querellante: Era previsible que pudiera ser adverso el fallo
El abogado querellante en la causa, Alfredo Morgado, confirmó en conversación con Cooperativa que "tenemos la posibilidad cierta de apelar" ante la Corte de Apelaciones de Santiago tras la resolución de la jueza Carolina Gajardo.
"Vamos a ejercer nuestro derecho, lo harán, además, todos los abogados querellantes. Será la Corte de Apelaciones la que resuelva esta materia. Era previsible que pudiera ser adverso el fallo, esperábamos que pudiera ser a favor de nuestras pretensiones pero siempre existía la posibilidad, para todas las partes, para todos los intervinientes, de que esto se resolviera en la Corte de Apelaciones y ella determinará", añadió.
Además, el próximo lunes se realizará una audiencia en el Centro de Justicia donde se discutirá la decisión del Ministerio Público de no perseverar en la investigación en contra de la Presidenta Michelle Bachelet, quien se encuentra en calidad de querellada por cuasidelito de homicidio por los hechos del 27-F.
