Este lunes se comunicó a los querellantes las salidas alternativas pactadas.
Abogados querellantes anunciaron que apelarán a instancias superiores.
Los acuerdos involucran al subsecretario del Interior Patricio Rosende y la ex directora de Onemi Carmen Fernández.
Tras seis años de investigación por la fallida alerta de tsunami el 27 de febrero de 2010, la Fiscalía Occidente logró este lunes llegar a un acuerdo con las defensas de los imputados para poner término a la indagatoria.
Los acuerdos involucran al subsecretario del Interior del primer Gobierno de Michelle Bachelet, Patricio Rosende, y la ex directora de la Onemi Carmen Fernández.
En el acuerdo se les ofreció a los seis imputados la suspensión condicional del procedimiento, lo que implicará que deberán pagar una indemnización total de 245 millones de pesos y otras cláusulas.
Rosende deberá pagar una indemnización de 80 millones, mientras que Fernández deberá cancelar 40 millones y Johaziel Jamett, ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la Onemi, un monto de cinco millones de pesos.
Mientras tanto, los marinos del SHOA, Andrés Henríquez, Mariano Rojas y Mario Andina, deberán pagar un total combinado de 40 millones de pesos.
Esto se logró luego de una serie de conversaciones que comenzaron en febrero, se extendieron durante la semana pasada, concluyeron recién la mañana de este lunes y durante la tarde el fiscal regional Occidente, José Luis Pérez Calaf, comunicará esta decisión a los abogados querellantes en esta causa.
"No siento que sea un fracaso una salida alternativa. En lo personal yo quería llevar a juicio a los tres acusados de la Armada, he sido abogado litigante y uno sabe que la víctima también no se siente totalmente satisfecha con una salida de este tipo", indicó Pérez.
"Creemos que ni siquiera cuando reciban la indemnización van a ser capaces de dar vuelta la página y esto también es parte de lo que tenemos como obligación como Ministerio Público que hacernos cargo", añadió.
Querellantes rechazaron acuerdo
Uno de los abogados querellantes, Carlos Fairlie afirmó que rechazará este acuerdo y anunció que recurrirá a otras instancias, como la Corte de Apelaciones de Santiago, para poder anularlo.
"Como lo he plasmado yo desde un comienzo, esto fue un acuerdo a espaldas de las víctimas y desde esa perspectiva no podemos estar conformes con algo que ni siquiera fue comunicado en su oportunidad", expuso el profesional.
Fairlie añadió que "nosotros haremos valer todos los recursos legales, entre ellos las apelaciones respectivas, porque creemos que esto no tiene sentido para las víctimas, el acuerdo indemnizatorio tampoco es para ellos y nosotros haremos valer todos los recursos procesales correspondientes".
Esta salida alternativa debería quedar formalizada ante Tribunales el próximo lunes 14 de marzo, fecha en que está programada la audiencia de preparación de juicio oral.
