El general en retiro del Ejército Guillermo Ramírez, quien ejerció la jefatura militar en la Región del Biobío tras ser declarada zona de catástrofe luego de terremoto del 27 de febrero de 2010, afirmó que el "entrevero político" del momento incidió en la demora en ordenar la salida de los militares a las calles, con perjuicio para la población.
"La opinión pública se ha formado una convicción extremadamente negativa y muy consolidada luego de ponderar los supuestos que concurrieron en la capacidad de adoptar decisiones por parte de las autoridades hasta el momento que, por Decreto Presidencial, se dispone el empleo de las Fuerzas Armadas. Eso se debe en gran medida a la contienda política de oportunidad que se desató en el país, y me refiero solamente a la capacidad de adoptar decisiones, y no a responsabilidades o medidas preventivas que se deberían haber considerado previamente", dijo Ramírez en una entrevista con el diario La Segunda.
"La estricta verdad es simple. Las Fuerzas Armadas sólo pueden emplearse en actividades de seguridad interior por un Decreto Supremo Presidencial que establezca el Estado de Excepción de Catástrofe, y aquello sólo ocurrió el domingo a las 13:00 horas, ocasión en que se integraron bajo mi mando todas las unidades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que se encontraban en la región", recordó el uniformado, quien pasó a retiro a fines de 2012.
Ramírez estaba en Santiago al momento del terremoto y cuando aterrizó en Concepción se encontró que entre los "principales problemas" se encontraban "las acciones de pillaje, en que los delincuentes cooperaban a incrementar la sensación de pánico" de la población.
"Desorden institucional"
Las Fuerzas Armadas y de Orden "asumen el control de la zona de catástrofe a las 36 horas transcurridas", pese a que "probablemente" hubieran podido desplegarse antes.
Dictar su salida a las calles "es una prerrogativa exclusiva de la autoridad política" y "como institución subordinada al poder político dimos estricto cumplimiento a lo que se nos estaba impartiendo", aseguró el general en retiro.
La demora "es de quien resuelve; efectivamente, en este caso, de la autoridad política. Es obvio de suponer que a mayor cantidad de tiempo existen mayores posibilidades de mitigar los efectos que generaron el terremoto y el maremoto", argumentó el ex uniformado.
Al mirar hacia aquel momento, transcurridos ya cuatro años de la catástrofe, Guillermo Ramírez afirma que "las esquirlas y cortinas de humo del entrevero político impactaban en personas, entidades y organizaciones, incluso algunas de ellas subordinadas a las propias autoridades políticas. Éste fue, desde mi perspectiva, el factor precursor que pretendió instalar la idea de la lenidad institucional".
"Tengo la convicción y la certeza legal de que las Fuerzas Armadas se deben emplear en situaciones de catástrofe para resguardar los derechos ciudadanos (...) Los caprichos o gustillos personales o colectivos que dilaten el empleo de la fuerza militar ante tanto desamparo, postergación y miseria, como la que vivimos en esa ocasión, obran en detrimento directo de nuestra propia población, de nuestra gente. Chile no se lo merece", expresó.
A juicio del general, la existencia de "resquemores" hacia los militares es "comprensible en algunos casos, (...) pero absolutamente incomprensible e injustificado en una autoridad que se debe al país y que debe tomar decisiones, por drásticas que éstas sean, en beneficio de su propia población".
