Juez Ponciano Sallés dio cuenta de la negativa para los cuatro imputados.
"Los mandos técnicos proponen, los mandos políticos disponen", dijo en su argumento.
La audiencia se inició este lunes.
El juez del Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago, Ponciano Sallés, decide sobre la solicitud de sobreseimiento fue interpuesta por cuatro imputados de los siete procesados en el caso tsunami.
La petición fue presentada por las defensas de:
El ex jefe de Oceanografía del SHOA Andrés Enríquez: Rechazado
Las resoluciones del caso
Johaziel Jamett:
Se rechazó su petición de sobreseimiento debido a que el juez determinó que "el responsable es el jefe de turno pero siempre bajo la supervisión del jefe del Centro Alerta Temprana". Y agregó que "lo exigible es que este funcionario vigilara permanentemente y si eso hubiera implicado que estuviera todo el día al lado del fax, así debió hacerlo
Andrés Enríquez:
Se rechaza el sobreseimiento porque "no es relevante si debía o no concurrir a las dependencias del SHOA. Sí adoptó una posición de autoridad que no está fijada en la ley, pero sí en los hechos". Añadió que "no puede dejar de considerarse la calidad de oficial que tenía el señor Enríquez: es un capitán y tiene un grado jerárquico superior que la mayoría de quienes estaban en ese momento en la oficina del SHOA".
Carmen Fernández y Patricio Rosende
Rechazado el sobreseimiento en ambos casos. "No he encontrado ninguna conducta desplegada por el señor Rosende y la señora Fernández para evitar los resultados de lo ocurrido el 27 de febrero de 2010. Ninguna de sus decisiones contribuyeron. El tribunal estima que no se hizo todo lo posible por evitar los resultados catastróficos", afirmó el juez Sallés.
"Cualquier persona en un análisis razonable hubiera estimado que el riesgo era mayor al no evacuar que al evacuar", agregó.
El juez afirmó que "tanto la señora Fernández como el señor Rosende tenía la obligación de sopesar la información que se les estaba entregando, de supervisar, de supervigilar las informaciones que se le entregaban, por lo tanto, no es efectivo que en base a este principio de confianza, y por su calidad de superior jerárquico, se tuvieran que limitar solamente a dar cumplimiento a lo que debiera ser calificado instrucciones de los mandos técnicos que en la realidad no es así: los mandos técnicos proponen, los mandos políticos disponen".
"Con todo este cúmulo de antecedentes que tenían no se ha comprobado que ninguna de las conductas adoptadas hayan tenido por objetivo salvar vidas. Se omitió información a la población, las olas a algunas zonas llegaron con mucha posterioridad. Se ocultó información", sentenció.
Bases de la decisión
A lo largo de su exposición el juez planteó que las causales de sobreseimiento definitivo de un caso pueden ser dos: "la inexistencia del delito" o "la inocencia de los imputados".
Sallés recordó que "solamente cuatro defensas de los siete procesados han solicitado sobreseimiento definitivo".
También dejó claro que la ley establece esta posibilidad por lo que "no existe aprovechamiento, en términos coloquiales no es patudez de los defensores, sino que se recurrió a la legalidad que faculta a la defensa a solicitar un pronunciamiento de parte del tribunal".
Tres días de alegatos
Durante las jornadas de alegatos que se iniciaron el lunes las defensas de Patricio Rosende y Carmen Fernández apuntaron a la responsabilidad del SHOA en la fallida alerta de tsunami que causó la tragedia el 27 de febrero de 2010.
El abogado de la ex directora de la Onemi, Luciano Fouillioux, dijo que la Fiscalía busca culpables simbólicos en la investigación y apuntó su alegato a la responsabilidad del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada.
La fiscal Solange Huerta respondió que la defensa de Fernández es solo retórica, "una versión, no la verdad". Agregó que nadie puede sostener que sus omisiones disminuyeron el riesgo.
La defensa de Henríquez sostuvo su argumentación en que el ex funcionario llegó de manera autoconvocada y voluntaria para ayudar.
Alfredo Morgado, querellante en este caso en representación de las familias de las víctimas, dijo que todo lo expresado por las defensas debe ser desechado por el juez Sallés.
Durante la jornada del miércoles, el padre de Matías Brito se encaramó a la reja de acceso del Centro de Justicia para reclamar por el deseo de las autoridades de quitarse responsabilidades.
