Consejo para la Transparencia considera que dicha normativa no es una buena política pública.
Su presidente, Marcelo Drago, señaló que "no es conveniente la existencia de este registro en su carácter público".
Drago apuntó que la alternativa correcta era que el registro estuviese sólo en manos del Estado.
El presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, cuestionó el carácter público del registro de evasores del Transantiago que busca crear una base de datos de quienes sean sorprendidos sin validar su tarjeta Bip! al abordar un bus del transporte público metropolitano.
De acuerdo con la ley, cuyo fin es disminuir la evasión del pago en el transporte público, el registro podrá consultarse sólo ocho veces en el año vía Ley de Transparencia.
Drago recordó que "durante la tramitación legislativa del proyecto de ley que crea el registro público de evasores del Transantiago", el Consejo "en distintas instancias planteó su reparo a ese proyecto y a esa política. No creemos que la creación de registros de carácter público sea una buena política pública en general cuando hablamos de faltas".
"Nosotros señalamos que no era conveniente la existencia de este registro en su carácter público", continuó, precisando que "un registro en manos del Estado de infractores para impulsar la política era perfectamente viable pero no su acceso público".
En ese sentido, Drago hizo una importante diferencia entre la conveniencia del carácter público del registro de evasores con uno como el de pedófilos. "Todos entenderán los distintos reproches que puede haber de una sanción de carácter penal asociado a la pedofilia con una infracción administrativa por no pago de servicios de transporte público", apuntó.
