El parlamentario admitió la culpa en los hechos denunciados por la parte acusadora y acordó el pago de 150 millones de pesos a las cuatro víctimas.
"Sí acepto, esto ha sido demasiado doloroso y lamentablemente he tenido que aceptar, no he sido presionado por nadie, salvo por los medios de comunicación", sentenció el desaforado senador Jorge Lavandero, tras admitir ante la Justicia su responsabilidad en el abuso reiterado de cuatro menores de edad, con lo que accederá a un juicio abreviado, cuya sentencia se tendrá en los próximos cinco días.
Durante la mañana de este lunes, el congresista y su defensa habían llegado a un acuerdo de conciliación con las partes querellantes, para el pago de 150 millones de pesos a modo de indemnización.
Ante Georgina Gutiérrez, jueza de garantía de Temuco, las partes definieron la nueva acusación contra Lavandero, para quien en un principio el Ministerio Público solicitaba una pena de 10 años y un día.
Ahora, el fiscal Xavier Armendáriz acepta una condena no superior a cinco años y un día -la que podría ser remitida-, inhabilidad para ejercer cargos públicos de por vida y la suspensión de los derechos ciudadanos durante el tiempo de la pena.
En el caso del secretario personal del senador, Juan Carlos Espinoza, también imputado por Armendáriz, la solicitud de pena se reduce de cinco años y un día a tres años y un día, inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos de por vida y la suspensión de los derechos ciudadanos durante el tiempo de la pena.
Sin embargo, la defensa del también chofer de Lavandero desea continuar con el juicio oral, para lograr su absolución de los cargos que se le imputan.
En la audiencia de la mañana de este lunes el acusado admitió todos los hechos contenidos en la acusación fiscal sin que fuera necesario que se llegara a un juicio oral.
El juicio abreviado puede terminar con una condena de cinco años u otra inferior a los tres años y un día. En este último caso, Lavandero podría obtener el beneficio de la pena remitida, lo que en la práctica significa que no pasaría ningún día en prisión.
La admisión de responsabilidades no lo libera del pago de indemnizaciones civiles a las cuatro víctimas, que se fijó en 150 millones a los menores, 250 menos de los solicitados originalmente.
La decisión de Lavandero fue precipitada por el cúmulo de evidencias en su contra reunidas por el fiscal Armendáriz durante el proceso investigativo.
Se estima que el senador optó por esta salida alternativa al juicio oral debido a que en esa instancia procesal arriesgaba una pena de presidio afectiva de 10 a 15 años.
