Detectives y miembros del Poder Judicial son acusados de formar red de corrupción

Fueron detenidos 20 personas acusados de pertenecer a una red de corrupción que protegía a delincuentes, de los cuales 10 eran funcionarios activos de la Policía de Investigaciones, uno era un detective retirado y nueve pertenecían al Poder Judicial.

Los aprehendidos se encuentran en la 33° Comisaría de Carabineros de Ñuñoa y están indicados como quienes adulteraban documentos para lograr beneficios penitenciarios para narcotraficantes, borraban antecedentes prontuarios y realizaban gestiones para decretar libertades de presos.

Las detenciones se realizaron en el marco de una operación que ha dictado alrededor de 40 órdenes de aprehensión, 20 de las cuales están pendientes, entre ellas, a un gendarme.

De los 10 detectives detenidos habían empleados del departamento de extranjería, de la Brigada de Robos y contra el Crimen (Bicrim) y de los funcionarios judiciales se encuentra un trabajador del Servicio Médico Legal.

La investigación partió en mayo cuando un narcotraficante de Los Andes pidió el beneficio de baja de condena mediante la presentación de documentos falsos, razón por la cual se dio de baja a un detective y se expulsó a una funcionaria del Cuarto Juzgado de Garantía.

El departamento de comunicaciones de Carabineros descartó que haya funcionarios de la policía uniformada involucrados, mientras que los miembros del poder judicial detenidos corresponde a trabajadores en servicio y otros ya desvinculados.

"La investigación indicaría que ellos, cometiendo algunas situaciones irregulares, ofrecían algún beneficio para optar a algunas rebajas o simplemente eliminar algunos antecedentes delictuales o policiales de algunos delincuentes", declaró el comandante del departamento de comunicaciones de Carabineros, Mario Rosas.

"Aparentemente todo indicaría que esta organización que ha venido operando desde hace bastante tiempo a la fecha, contactaban a algunas personas que iban a ser condenadas o estaban cumpliendo condenas y les ofrecían algún beneficio de tipo legal, previo pago de alguna suma de dinero y se cumpliera de esa forma este beneficio", especificó.

Hasta el momento se investigan al menos 35 casos de reos que habrían sido beneficiados por esta red de corrupción que entregaba privilegios por los que los detenidos cancelaban sumas desde 300.000  hasta cuatro millones de pesos.

Rosas especificó, además, que los involucrados están acusados de uso y falsificación de documentos públicos, robo de expedientes, uso de timbres falsos, falsificación de firmas y soborno, delitos por los que serán formalizados.