Secretaria de médico fue formalizada por facilitar licencias para su falsificación

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Autor: Cooperativa.cl

María Eugenia Saavedra está acusada de entregarle documentos a un cotizante

El otro imputado, Boris Cartes, no concurrió ante la justicia.

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La Justicia formalizó este miércoles a María Eugenia Saavedra, secretaria de un médico, la cual está acusada de entregar licencias médicas a Boris Cartes, un cotizante que falsificó el documento para presentarlo en en su isapre.

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Cartes será imputado por el delito de obtención indebida de beneficios previsionales, puesto que presentaba el documento médico en su isapre para que así le pagaran el subsidio correspondiente.

En tanto, la justicia indaga si hay más licencias falsificadas por Cartes, quien no concurrió a la audiencia de formalización, por lo que el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago decidió ampliar a 60 días el plazo de la notificación.

La abogada querellante en la causa, Paula Aránguiz, detalló que "se formalizó a uno de los imputados por el delito de fraude provisional que es en realidad por el mal uso de una licencia médica que fue sustraída de un médico y obviamente fue presentada en la isapre con lo que se obtuvo el subsidio por incapacidad laboral que viene a sustituir la remuneración del individuo"

Aránguiz explicó que en el caso de Boris Cartes "todavía quedan diligencias de investigación pendientes para identificar su domicilio".

Por estos hechos, los acusados arriesgan una pena de 541 días de presidio menor en su grado medio.

Condena por venta de licencias

En tanto, el pasado martes, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago condenó a los miembros del Centro Médico "Gonzalito", el médico Mario Ibáñez González, su esposa Antonieta Lepin Cerda, el médico José Morales Arellano y a la contadora Jeanette Becerra Obrador por la ventas de licencias médicas a terceros.

Lepin Cerda, tras reconocer que ella lucraba con este ejercicio ilícito, recibió una condena de 541 días de presidio menor con el beneficio de pena remitida, mientras que os otros involucrados fueron condenados con salidas alternativas, además de ofrecer disculpas públicas al país.

Por su parte, el médico Morales Arellano deberá pagar una indemnización de 20 millones de pesos al Sistema Público de Salud, mientras que la contadora deberá pagar 100 mil pesos al Hogar de Cristo para indemnizar a la sociedad por los perjuicios cometidos.

Entre 2007 y 2008, en el Centro Médico "Gonzalito", los profesionales vendían licencias médicas, certificando enfermedades inexistentes. Con ello, tanto Fonasa como distintas Isapres fueron defraudadas por un monto cercano a los 100 millones de pesos.

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