Grupo conservador pedía impedir a funcionarios públicos emitir licencias de boda.
"El matrimonio entre personas del mismo sexo ha venido para quedarse", dijo el director de Equality California.
La Corte Suprema reafirmó el matrimonio homosexual en California.
La Corte Suprema de California (EE.UU.) rechazó una petición de un grupo conservador que solicitaba impedir a los funcionarios públicos emitir licencias de boda para personas del mismo sexo al entender que va en contra de las leyes del estado.
El tribunal rechazó la petición del grupo Protect Marriage de impedir las bodas que se celebraran fuera de los condados de Los Ángeles y San Francisco.
La organización consideraba que el fallo del Tribunal Supremo de EE.UU. del pasado mes de junio, que invalidó el bloqueo existente sobre matrimonios entre homosexuales en California, sólo debía tener efecto en esos condados, aquellos en los que residen los cuatro demandantes contra la Propuesta 8 (Paul Katami y Jeff Zarrillo, por un lado; y Kris Perry y Sandy Stier por otro).
"Han fracasado de nuevo en su intento por detener los matrimonios entre parejas del mismo sexo en California", dijo en un comunicado John O'Connor, director de Equality California, la mayor organización de derechos de los gays, lesbianas y transexuales en el estado.
"El matrimonio entre personas del mismo sexo ha venido a California para quedarse", añadió.
Nueva petición de Protect Marriage
La Corte Suprema también sopesa actualmente otra petición del mismo grupo, que considera que la luz verde a las bodas entre homosexuales no podía ser aplicada directamente por las autoridades estatales sin que antes se declarara inconstitucional la Propuesta 8.
Esa medida, promovida por Protect Marriage, fue aprobada en referéndum por los californianos en 2008 y enmendó la constitución estatal para definir el matrimonio como un enlace entre un hombre y una mujer.
La Propuesta 8 fue acusada en los juzgados federales de discriminar por razón de sexo y, por tanto, ser incompatible con la Carta Magna de EE.UU., algo que entendieron así los tribunales.
El caso llegó hasta la Corte Suprema del país, que el 26 de junio consideró inválidas las apelaciones por un tecnicismo legal, sin pronunciarse sobre el fondo del asunto, y su fallo dejó sin efecto las decisiones de los tribunales de menor instancia.
