Presidente catalán, Artur Mas, fue acusado por no acatar la orden del Tribunal Constitucional.
Consulta soberanista fue realizada el pasado 9 de noviembre.
Artur Mas se responsabilizó públicamente de la consulta soberanista celebrada el pasado noviembre.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) decidió admitir a trámite la querella en la que se acusa de desobediencia al presidente catalán, Artur Mas, al organizar una consulta soberanista simbólica desafiando al Constitucional.
El TSJC considera que Mas pudo incurrir en un delito de desobediencia al no acatar la orden del Tribunal Constitucional (TC) que suspendió la consulta alternativa soberanista, que pese a eso se celebró el pasado 9 de noviembre en Cataluña.
El TSJC acordó el pasado 22 de diciembre admitir a trámite las querellas y denuncias por la mencionada consulta e investigar a Mas y a las consejeras del Gobierno catalán Joana Ortega e Irene Rigau por presunta desobediencia al Tribunal Constitucional.
El TSJC sostiene que existen indicios de que la suspensión "concreta y determinada" de la consulta alternativa ordenada por el Constitucional el 4 de noviembre "no fue presuntamente acatada por los querellados", en alusión al Gobierno catalán.
Pese a dicha suspensión, el Ejecutivo catalán continuó con la preparación de la consulta "por la vía de hecho" hasta llevar a cabo las votaciones en edificios públicos, de lo que se responsabilizó públicamente el propio Mas.
El Tribunal Constitucional suspendió dicha consulta alternativa al admitir a trámite un recurso presentado por el Gobierno español.
Pese a todo eso, el 9 de noviembre unos 2,3 millones de catalanes participaron en una votación popular sin valor vinculante, auspiciada por varias formaciones nacionalistas de la región.
El Gobierno español considera anticonstitucional la convocatoria de una consulta soberanista en Cataluña, razón por la que recurrió la iniciativa ante el Tribunal Constitucional.
El pasado 22 de diciembre, el TSJC decidió admitir a trámite todas las querellas por la consulta del 9 de noviembre interpuestas tras la resolución del Tribunal Constitucional, entre ellas la de la Fiscalía.
