"Ningún Gobierno ni nadie está por encima de la ley", recalcó la vicepresidenta.
Cataluña convocó para el 9 de noviembre una consulta para definir la soberanía.
La vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció este sábado que el Ejecutivo solicitó al Consejo de Estado un informe para la presentación de los recursos ante el Tribunal Constitucional contra la convocatoria de una consulta soberanista en Cataluña.
Es el primer paso, según la ley española, para que el Gobierno presente un recurso ante el máximo tribunal de España contra la ley del Parlamento de Cataluña y el decreto de convocatoria de la consulta, que aseguró que "no se va a celebrar porque es inconstitucional".
En una comparecencia tras la convocatoria de la consulta catalana, la vicepresidenta lamentó "profundamente" que el presidente del Gobierno catalán, Artur Mas, firmara el decreto de convocatoria de la consulta soberanista del 9 de noviembre, ya que, dijo, "fractura a la sociedad catalana y les aleja de Europa".
Una vez que el Consejo de Estado emita su informe, dijo la vicepresidenta, se reunirá el Consejo de Ministros para que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pueda plantear los recursos ante el Tribunal Constitucional.
Recordó que el 12 de diciembre de 2013 el presidente de la Generalitat anunció la convocatoria del referéndum de autodeterminación, la fecha y las preguntas y que ya entonces el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, dijo que no se iba a celebrar.
Sáenz de Santamaría dijo que desde entonces Rajoy, el Gobierno y el Congreso de los Diputados le han recordado a Mas que "no hay nada por encima de la voluntad soberana del pueblo español, que es el titular único de la soberanía, y que a todos los españoles les corresponde decidir qué es España y cómo se organiza".
Insistió en que "ningún Gobierno ni nadie está por encima de la ley, porque nadie está por encima de la voluntad soberana de los españoles" y por eso, explicó, los recursos de inconstitucionalidad que planteará el Ejecutivo van en la línea de proteger los derechos de los ciudadanos y la vigencia de la democracia.
