La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, intervino hoy en un consejo de la entidad internacional para abordar los distintos problemas que urgen en la región, donde puso énfasis a la situación migratoria de Venezuela, la militarización de las fronteras y las desigualdades que, según ella, han incrementado el impacto del Covid-19 en Latinoamérica, lo que podría producir una gran crisis.
Durante el consejo, Bachelet abordó temas como el desafío del Covid-19, las crisis económicas y la angustia que genera esto en las personas, por lo que solicitó fortalecer la participación y la rendición de cuentas.
"La participación es un derecho y un medio para garantizar una política mejor y más eficaz", enfatizó la jefa de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Asimismo, señaló que los "sistemas de seguridad social débiles, las desigualdades estructurales de larga data y la discriminación" han incrementado el impacto del virus en el continente americano, lo que podría traducirse en una grave crisis socioeconómica y humanitaria más adelante.
"En todas las regiones del mundo existen personas que se están quedando atrás, incluso más que antes, a medida que la pandemia de coronavirus continúa acelerándose. Esto nos hace más débiles", añadió.
MILITARIZACIÓN Y USO EXCESIVO DE LA FUERZA
Por otro lado, la ex mandataria subrayo que, respecto a los derechos económicos y sociales, la impunidad y la corrupción han estado en el centro de las protestas en países como Bolivia, Chile, Ecuador y Perú.
Recordó que en esos países se ha ejercido un uso excesivo de la fuerza ante manifestaciones, y alentó a los estados a tomar medidas para evitar que la situación se deteriore, a proteger las libertades de asociación y de reunión pacíficas y a asegurar que las protestas sean gestionadas de acuerdo a las normas de derechos humanos.
También se refirió al flujo migratorio, en particular lo originado en Venezuela, manifestando su inquietud ante la militarización de la gestión fronteriza en Ecuador, en Perú y en Chile.
"La militarización de la gestión de las fronteras por parte de Ecuador, Perú y Chile es particularmente preocupante en el contexto del flujo migratorio sin precedentes de venezolanos, con el estimado de 5,28 millones de personas yéndose o permaneciendo fuera de su país este año", indicó Bachelet.
En la misma línea, reveló su preocupación por los migrantes venezolanos que estarían siendo expulsados por las autoridades de los países en donde se encuentran, sin considerar su estado de vulnerabilidad o de protección.
"Estos asuntos incluyen preocupantes reportes de que personas están siendo expulsadas sin la debida evaluación de su vulnerabilidad o necesidades de protección", agregó.
Apoyo desde el país
En el país, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) aseguró que "comparte la preocupación de Michelle Bachelet" sobre el respeto por los derechos humanos en el país, especialmente por el actuar del Gobierno de turno.
"Es una preocupación que hemos también compartido en la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Frente a este Gobierno, que pareciera ser no respetar, no considerar o no tomar en cuenta el respeto a los estándares internacionales en materia de derechos humanos", criticó el parlamentario.
Latorre aseguró que estos derechos no se respetan "tanto en materia migratoria como el uso proporcionado a la fuerza, los estándares en materia de la protesta social, el debido respeto democrático a la protesta social, la no criminalización y la vulneración masiva y grave de los derechos humanos por parte de agentes del Estado".
Expulsión de nuevos extranjeros
En tanto, este viernes se materializó la expulsión de 50 extranjeros a través de un vuelo de la FACh, que despegó desde el aeropuerto de Iquique con destino a Quito, Bogotá y Santo Domingo.
Las personas que abandonaron el país 23 colombianos, 21 dominicanos y 6 ecuatorianos se encontraban detenidas en distintas cárceles tras ser condenadas por delitos como narcotráfico, homicidio, robo con intimidación y robo con violencia.
En este grupo también se concretó la expulsión de ciudadanos extranjeros que ingresaron de manera clandestina por pasos no habilitados a Chile. Una actividad que, según resaltó el ministro de Interior Rodrigo Delgado, se concretó con apego al respeto a los derechos humanos.
"Estamos hablando de delitos ligados al narcotráfico, al robo, inclusive al homicidio. Este vuelo se enmarca dentro de una planificación de otros vuelos que han llevado y seguirán llevando a personas que vengan a Chile a cometer delitos a sus países de orígenes en coordinación también con esos mismos países para que sean recibidos.
Lo importante es que también los derechos fundamentales de estas personas han sido asegurados y los protocolos y los procesos se han ajustado a derecho.
Además, desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública se informó del inicio de un proceso de licitación para contratar 15 aviones que permitan materializar los operativos de expulsión durante los próximos meses.
