Entre la desaparición y muerte de Néstor Castillo Sepúlveda, de 23 años, y Sauro Antonio Obreque, de 15 años, pasó una década y 99 nombres más de personas chilenas cuyo rastro o vida se perdieron en Argentina durante las dictaduras que aterrorizaron al Cono Sur en las décadas de 1970 y 1980.
Esos 101 nombres de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos chilenos en Argentina entre 1973 y 1983 han quedado inmortalizados en un monumento conmemorativo instalado en el exterior de la Embajada de Chile en Buenos Aires y que fue inaugurado este martes por autoridades de ambos países, en un acto al que acudieron familiares de esas víctimas y representantes de organizaciones de derechos humanos.
El monumento incluye los nombres, las edades y el año de desaparición o ejecución de esas 101 personas con un tallado tan especial que, como explicó la embajadora chilena en Argentina, Bárbara Figueroa, supone una especie de cordillera en la que Chile queda a la izquierda como un espacio vacío y Argentina a la derecha como lugar plagado de nombres sin vida.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, explicó que "septiembre es siempre un mes complejo para nosotros, pero también es un mes donde miramos que la fragilidad de la democracia es costosa y que esa fragilidad puede costar en vidas humanas y en la trayectoria de las personas. Por lo mismo, es un mes que tiene estas paradojas: discutimos, pero también nos damos cuenta de la importancia de la democracia".
Por su parte, el secretario de Derechos Humanos de Argentina, Horacio Pietragalla, resaltó en su intervención el "desafío muy grande" que supone en la actualidad "concientizar a la ciudadanía y a los jóvenes qué significaron esos golpes de Estado en la región, qué significan esos delitos de lesa humanidad", ya que, según dijo, "nunca se cruzó este umbral en estos últimos 20 años".
"QUE NUNCA MÁS SE REPITA"
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, recordó con su voz "nombre, apellido y sonrisa" de dos personas muy cercanas para ella, Cristina Carreño Araya y el padre de esta, Alfonso Carreño Díaz, ambos detenidos y desaparecidos.
En su alocución resaltó que ambos, como otros asesinados en las dictaduras chilena (1973-1990) y argentina (1976-1983) "tenían compromiso, valores, una ilusión" por el "proyecto de la Unidad Popular", liderado por el presidente Salvador Allende.
La activista destacó la importancia de este tipo de "gestos reparatorios", como la inscripción de los 101 nombres del Memorial, para "que nunca más se repita" nada similar.
Con motivo de los 50 años del golpe, la Embajada de Chile en Buenos Aires también inauguró la exposición "Abrir las puertas", una muestra documental que narra los exilios de familias chilenas y latinoamericanas y la asistencia que recibieron de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (Caref) entre 1973 y 1989.
