El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, ingresará un proyecto de ley que busca sancionar las amenazas a través de plataformas digitales, ya sea a autoridades de todo tipo o a personas naturales.
"La legislación al respecto, que está en el Código Penal, es una legislación muy anacrónica, no considera las nuevas formas de amenazas" a través del teléfono o redes sociales "que no existía hace algunas décadas", puntualizó el secretario de Estado en una entrevista con El Mercurio.
Debido a esto, Delgado presentará el proyecto a principios de marzo y busca "actualizar la legislación" ante amenazas que tientan "contra la dignidad de una persona", con la exposición de datos personales, fotos sensibles, información familiar, direcciones, entre otros.
La iniciativa busca inhibir estas conductas que se han presentado contra jueces, fiscales, políticos, funcionarios de Gobierno y hasta -por ejemplo- un vecino que denuncia a otro o árbitros de fútbol. "Todo eso atenta contra las instituciones", añadió.
"No podemos normalizar la amenaza como un método de resolución de conflictos", aseguró y agregó que "la discusión de esta ley va a traer también un debate que es muy interesante, que es hasta qué punto normalizamos la violencia como método para resolver los conflictos".
Delgado declaró que esto también pone el ojo en la Convención Constitucional, porque a su juicio, el debate que se generará debe ir de la mano con "la tranquilidad para poder exponer sus ideas y que no sientas que por decir algo distinto al resto van a ser amenazados o sufrir algún tipo de ataque".
Y, a su vez, se refirió a las conocidas como "funas": "Creo que si la funa se transforma en amenaza, por supuesto que tiene que estar, pero también creo que tiene que haber una legislación adicional, no relacionada con esta, que se haga cargo, por ejemplo, del ciberbullying y, obviamente, la funa está en esa categoría", dijo.
Hasta el momento, no están definidas qué penas o sanciones tendrá este proyecto, lo que aún está siendo discutido por los ministerios de Justicia y Secretaría General de la Presidencia.
"AUTORITARISMO", CRITICA DIPUTADA PPD
Desde la oposición, la diputada PPD Andrea Parra aseguró que "hay que ser muy cuidadoso con estos anuncios" frente a un Gobierno que le acomoda el "autoritarismo", dijo, agregando que "no queremos amenazas ni violencia, pero tampoco censura, por eso miraremos con lupa el proyecto".
En la misma línea, el socialista Raúl Leiva indicó que "es necesario actualizarlo", pero que esta "nueva tipificación podría afectar la libertad de expresión".
Por su parte, el diputado RN Gonzalo Fuenzalida valoró la iniciativa porque "termina esto influyendo en la labor que uno tiene que tener, tener la libertad para poder crearse convicciones y conciencia", ya sean parlamentarios, jueces o constituyentes y añadio que "tenemos que tener una legislación y que hoy día es bastante más fácil dar con estas personas".
Se prevé que la propuesta sea ingresada los primeros días de marzo, cuando el Gobierno buscará reactivar su agensa de seguridad pública.
NO CHOCA CON LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
El secretario general de RN, José Miguel Arellano, descartó que con esta idea se produzca un choque con la libertad de expresión.
"No podemos normalizar que existan personas que amenacen libremente a otras y creemos que tipificar en la legislación este tipo de actitudes va en la dirección correcta. Somos defensores de la liberta de expresión, pero debemos avanzar en algo que llegó para quedarse"
"No es lógico que avancen las teconologías, cambien las formas de comportamiento, y la ley no esté acorde con eso"
ABOGADO: NO SE REQUIERE UNA NUEVA SANCIÓN
El abogado Max Piderit, de mercadolegal.cl, señaló que la "legislación actual no se circunscribe a ciertos medios específicos, de hecho más aún: si se hace por escrito se considera como agravante. Por lo tanto, si se hiciera por correo electrónino, WhatsApp o Facebook sería más grave que si se dice en la calle".
"En la medida que la (amenaza) sea serie y verosimil, eso va a constituir una amenaza a la legislación actual, por lo tanto, no se requiere una nueva sanción. Tampoco el Ministerio habla de aumentar las penas... La pena ya es bastante alta: 5 años y un día", agregó el jurista.
