El ex gerente de la empresa minera cumplió seis años y nueve meses en arresto domiciliario que, de ser condenado a los cinco años solicitados por el SIII, ya estarían cumplidos.
Desde el Ministerio Público defendieron la extensión de la preparación del juicio oral debido a la "envergadura" y "complejidad" de la causa.
La defensa del ex gerente general de la empresa SQM, Patricio Contesse, acusó que su representado cumplió esta semana casi siete años bajo la medida cautelar de arresto domiciliario, imputado por entregar aportes ilegales a campañas políticas, y que pese a esto, en todo ese tiempo, no ha sido juzgado.
Como una arista del caso Penta surgió el caso SQM en el año 2015, cuando se descubrieron antecedentes de que la minera financiaba de forma ilegal diversas campañas políticas, y el principal imputado fue Patricio Contesse, sindicado como el principal responsable del financiamiento irregular.
De eso han pasado siete años, y este lunes el ex alto ejecutivo de SQM cumplió seis años, nueve meses y 21 días bajo arresto domiciliario, medida cautelar a la que fue sometido tras ser formalizado en 2015. No obstante, aún no comienza el juicio oral en su contra y, de hecho, llevan nueve meses preparando esta instancia.
En caso de ser condenado por un tribunal de la justicia, estos casi siete años se sumará a la pena que debería cumplir y que, en lo que concierne a los delitos tributarios, Contesse ya cumplió su castigo ya que el Servicio de Impuestos Internos (SII) solicitó una pena de cinco años de cárcel, así que el tiempo estaría superado con creces.
La Fiscalía presentó 14.609 documentos como pruebas -de los cuales 5.000 de ellos fueron excluídos por parte del juez de garantía-, 651 testigos y 52 peritos. De hecho, se acudió a la Corte Suprema por un recurso de amparo, lo que fue rechazado, sin embargo, acusaron que "la tramitación de la causa respecto del amparado se ha extendido por un lapso excesivo, incidiendo en dicha demora la sobreabundante evidencia ofrecida por el propio ente persecutor y la decisión de agrupar las investigaciones", según consignó La Tercera.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) pidió al Juzgado de Garantía dejar sin efecto la medida cautelar de arresto nocturno, y desde el tribunal consultaron a la Fiscalía, sin embargo, esta lo dejó a criterio del juez, quien alzó la prohibición del ex ejecutivo de salir de casa por las noches.
Donoso, además, criticó a la Fiscalía y sostuvo que "nos parece absolutamente irracional la posición del Ministerio Público. El derroche de recursos fiscales es brutal. Seis fiscales todos los días en audiencia, incluida la propia fiscal regional (Claudia Perivancich), abandonando casos más importantes de Viña y Valparaíso, es a mi juicio insólito. A tal punto llega lo irracional que se niegan a un procedimiento abreviado que pondría término con una condena al caso".
"Sin ir más lejos, este lunes pasado fueron los propios acusadores -el CDE, la Fiscalía y el SII- los que solicitaron al tribunal que ponga término a la cautelar de arresto nocturno de mi cliente, alegando expresamente que ya no hay necesidad de cautela transcurridos casi siete años desde su formalización", sostuvo.
La Fiscalía de Valparaíso explica por qué decidió no aceptar el reconocimiento de culpabilidad de Contesse e insistir en la persecución penal y condenas. A través de un comunicado señalaron que "la causa actualmente se encuentra en etapa de preparación de juicio oral. En concreto, se está desarrollando el análisis de la prueba ofrecida por el Ministerio Público y los demás acusadores en miras a determinar si concurren a su respecto las causales que invocan las defensas para que se excluyan y no sean rendidas en juicio".
Además, el Ministerio Público sostiene "existen motivos estratégicos que desaconsejan el llevar sólo al imputado Contesse a un procedimiento abreviado. En ese sentido, hay que tener en cuenta que su intervención en los hechos atribuidos a otros acusados es fundamental. Durante la investigación el Ministerio Público adquirió la convicción de que él, aprovechando su posición en la empresa antes mencionada, articuló la entrega de aportes económicos a diversas personas del ámbito político, varias de ellas también acusadas en la presente causa. Sustraer la intervención del imputado en juicio implicaría restar gran parte de la fortaleza que tiene el caso de la Fiscalía, corriéndose el riesgo que no se pueda acreditar la imputación respecto de esos otros acusados".
Finalmente, apuntaron a que "conviene tener en cuenta que la envergadura de esta causa se debe, en gran medida, a la complejidad de los hechos. En este caso se mantiene una cantidad considerable de personas acusadas, en la que las maneras de operar para obtener financiamiento con fines políticos implicó una serie de triangulaciones de dinero a través de diversas empresas y personas naturales, por períodos particularmente extensos. Ante tal escenario, al Ministerio Público le asiste la convicción de que el esfuerzo desplegado".
