La Corte de Apelaciones de Rancagua fijó para el próximo miércoles, la vista del recurso de protección presentado por el fiscal Sergio Moya, en contra del persecutor regional de Aysén, Carlos Palma, quien ordenó el allanamiento a su casa en el marco de la investigación de la manipulación de pruebas en la Operación Huracán.
El recurso también fue deducido en contra del fiscal adjunto Ricardo Soto, de la fiscalía de sistema de análisis criminal y focos investigativos de la región de Coquimbo.
Según el fiscal Sergio Moya -suspendido del cargo de jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de O'Higgins e imputado en el caso Huracán- la diligencia se efectuó de "forma arbitraria y abusiva".
De acuerdo al libelo, el pasado 8 de mayo un equipo especial denominado "Fuerza de Tarea de la PDI por caso Huracán", acompañado del fiscal Ricardo Soto, ingresó a su casa a las 05:30 horas, aduciendo que contaban con una orden verbal de la jueza de garantía de Temuco, Viviana García.
Sin embargo, el persecutor aseguró en el recurso que "aún no se me exhibe ni orden escrita, ni constancia de orden verbal alguna, que autorizase u ordenase tal medida instrusiva".
"El registro fue de una profundidad inusitada. Incluyó toda la habitación de mi esposa, su ropa (incluida su ropa íntima), los muebles donde guarda sus objetos personales, hasta sus medicamentos oncológicos", se especificó en el libelo.
En la diligencia la PDI incautó teléfonos, computadores y archivos informáticos.
