Hoy finalmente fue desechado el documento normativo original propuesto por algunos convencionales, el que fue reemplazado por una indicación sustitutiva.
"Que quede en acta que no participé del documento que ustedes aprobaron", fustigó la machi Francisca Linconao.
Los convenvionales de escaños reservados volvieron a evidenciar sus diferencias en la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas por la propuesta base de la próxima consulta indígena enmarcada en el proceso constitucional
En un principio se había aprobado un texto con bases de caracter normativo, respecto del que los pueblos originarios debían pronunciarse.
Sin embargo, otro grupo impulsó y logró aprobar el lunes pasado -con 13 votos a favor, 9 en contra y dos abstenciones- una indicación sustitutiva en que las normas redactadas se transformaran solo en fichas explicativas, proponiendo realizar preguntas abiertas para así dar mayor participación e incidencia a los pueblos originarios, acusando que en el documento base propuesto en un inicio se incluían desde ya artículos normativos de manera previa a la misma Consulta Indígena.
Hoy fueron rechazadas las últimas indicaciones que eran compatibles con la propuesta sustitutiva lo que no evitó que esta idea, apoyada por Loncon, fuera aprobada, generando un tenso debate.
"Que quede en acta que no participé del documento que ustedes aprobaron", fustigó la machi Francisca Linconao, quien apoyaba la propuesta original: "Cambiaron todos los documentos. Pido la renuncia de la secretaria (abogada de la comisión) Daniela Abarzúa, porque nosotros no estamos conformes".
En tanto, la presidenta del órgano constituyente, Elisa Loncon, indicó que "cuando se dividen las posiciones, se debilita el proceso. Sin embargo, aquí no está nadie excluido, todos estamos en igualdad de condiciones y no me gustaría que salieran diciendo que tales convencionales renuncian a sus derechos... Eso no es verdad, eso es desinformación".
Ahora comenzó el proceso de Consulta Indígena y la Secretaría Técnica debe proponer un mecanismo específico y un cronográma, así como realizar un cálculo respecto del dinero que se necesitará para su realización.
Hoy, además, se presentó una propuesta de iniciativa popular por parte de víctimas, directa o indirectamente, de la violencia o de la delincuencia.
Entre los que presentaron la iniciativa se encuentran Raúl Moya, padre de la menor Tamara Moya que fue asesinada en un intento de encerrona; Dayanne Pereira, viuda del cabo Nain asesinado en una emboscada en Padre Las Casas; y Andrea Lobos, viuda de un repartidor asesinado en Lo Espejo.
La norma constitucional denominada "Primero Las Víctimas" señala que "es un deber del Estado garantizar la seguridad ciudadana a través de los órganos encargados de ello, regulados por ley", agregando: "El Estado será responsable de resarcir todos los daños y perjuicios que experimenten las personas afectadas por la vulneración de su derecho a la seguridad ciudadana".
"La delincuencia es la principal preocupación de los chilenos, más que el Covid, más que el desempleo, más que la salud, más que cualquier otra cosa... Es la preocupación fundamental que tenemos los chilenos hoy en día. Creo que la convención no ha sintonizado con esta preocupación que tienen los chilenos", señaló uno de los impulsores de la iniciativa.
En tanto, otra de las impulsoras señaló que "ojalá que esta petición llegue a la Convención. Lo necesitamos porque esto no puede seguir pasando. Que nos acompañen en esto porque solos no podemos".
